Un grupo criminal atacó la madrugada del 28 de septiembre la casa de la fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero, lanzando una granada que detonó en su patio y disparando al menos tres veces, en un claro mensaje del narcotráfico al Estado.
El ataque fue planificado con precisión: los delincuentes ingresaron por las azoteas de las casas vecinas, armados y vestidos de negro, tras seguir a Ferrero durante 20 días. Según la fiscal, una esquirla estuvo a 15 centímetros de matarla.
Ferrero relató el hecho en el Parlamento donde pidió que se tome en serio la amenaza del narcotráfico que ya domina barrios en Uruguay y causa temor entre los fiscales. “Hoy el crimen organizado se ha instalado en los diferentes barrios y todos podemos ser un daño colateral”, advirtió.
La fiscal explicó que la intimidación impacta en quienes combaten al narcotráfico, disminuyendo la voluntad de investigar. “En unos años se van a acordar de mí porque menos gente querrá dedicarse a esto”, dijo.
También alertó sobre intentos de soborno y amenazas a fiscales, políticos y periodistas, y denunció la penetración del crimen organizado en el Poder Judicial, con casos ya detectados pero reservados.
El ataque a Ferrero generó preocupación internacional: organismos extranjeros ya le solicitaron detalles sobre su seguridad y la situación en Uruguay. La fiscal pidió mayor presupuesto para la Fiscalía General y medidas concretas para proteger a quienes se enfrentan al narcotráfico.
El cruce con la violencia organizada uruguaya recuerda la escalada que vive también la región, con casos recientes similares en cidades brasileñas y Ecuador.
