Nicolás Sarkozy cumple una condena de cinco años en prisión para personas vulnerables por el financiamiento libio ilegal de su campaña presidencial. Sin embargo, su encarcelamiento no es común: dos policías del servicio de protección VIP y dos secretarias lo acompañan 24 horas al día dentro del penal.
La justificación oficial es que Sarkozy enfrenta amenazas específicas, derivadas en parte porque comparte prisión con islamistas procesados por atentados y complots terroristas. Por eso, se implementó un esquema especial para garantizar su seguridad y bienestar.
Los agentes de protección no tienen potestad para decisiones internas en el centro penitenciario, pero están allí para intervenir si surge un conflicto o ataque contra el expresidente. No pueden usar teléfonos móviles, aunque sí acceden a la red interna para coordinar acciones.
Esta medida causó polémica entre los guardias de la prisión, que cuestionan que exista una protección externa especial y advierten que mina la confianza en su capacidad. Por otro lado, los abogados de Sarkozy ya pidieron su libertad alegando que está preso preventivamente sin riesgo de fuga y que la condena es excesiva.
El Tribunal de Apelaciones tiene hasta dos meses para decidir si mantiene o revoca su prisión. Mientras tanto, expertos legales ven probable un fallo que permita su liberación antes de ese plazo.
La situación expone el debate sobre cómo tratar a un expresidente condenado, con una protección VIP que alimenta críticas, pero que se defiende como necesaria ante amenazas reales. Lo que decida el tribunal impactará en la percepción pública y en protocolos de seguridad para figuras políticas en casos judiciales.
