En la Argentina actual, trabajar se volvió una carrera de resistencia: jornadas extendidas, varios empleos y deudas que no cierran. Según el último informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), más de 5,8 millones de personas trabajan más de 9 horas diarias, y el pluriempleo alcanzó un pico histórico del 12,4% en el cuarto trimestre de 2024, durante la gestión de Milei.
El fenómeno golpea con fuerza especialmente a las mujeres, que presentan una tasa de pluriempleo un 83% mayor que la de los varones y que sostienen hogares, cuidados y trabajo no remunerado en simultáneo. El sector salud, educación y cuidado sufren la mayor sobrecarga.
Jazz Castelló, lesbiana transfeminista y madre, resume la realidad de muchos: “Ya lo que respondo es que sobrevivo. Malabares para pagar alquiler, comida, deudas y sostener la crianza.” La psicóloga y despedida del Hospital Bonaparte, Lucía Vasallo, define esa situación como “una mortificación cotidiana” que apaga la capacidad de protestar y hace que la explotación laboral se transforme en autoexplotación.
Profesionales como Lucila Matteucci, freelance, confirman la precariedad creciente: “No puedo pagar el monotributo y uso el sistema público de salud, que funciona bien, pero estoy expuesta porque no tengo cobertura ni aportes.” Otros, como Elena, profesora y actriz con siete trabajos, sumó OnlyFans para poder sobrevivir. “La pequeña estabilidad que había conseguido se esfumó el año pasado,” dice.
El arquitecto Robinson Santurio añade que cambiar de trabajo por malas condiciones fue la norma desde que se recibió, y que sin respaldo familiar es imposible independizarse. Para Maximiliana, vendedora y cuidadora con días que superan las 14 horas, el fin de mes se convierte en “priorizar alimentos, salud y servicios” mientras renuncia a vacaciones o salidas.
En los hospitales, el ajuste afecta a profesionales como Flavia, del equipo de trasplante hepático del Garrahan, que trabaja 35 horas semanales más clases y guardias. “Es agotador física y mentalmente. La política es desfinanciar y vaciar el hospital,” denuncia.
Los salarios caen: el salario mínimo vital y móvil perdió un 68% de su valor respecto a 2023 mientras el empleo en negro roza casi la mitad de la fuerza laboral (43,2%), y en jóvenes el porcentaje sube al 60%, según datos del INDEC.
El CELS documenta la destrucción del sistema de cuidados. En menos de dos años se recortaron o desmantelaron 46 de 50 políticas sociales: Remediar pasó de distribuir 162.000 botiquines a 53.000, PAMI quitó cobertura farmacéutica a 1,4 millones de adultos mayores y las pensiones universales para mayores bajaron de 272.000 a 187.000.
Además, programas de construcción y fondos de infraestructura social urbana se suspendieron, y se intensificó la precarización con reformas laborales destinadas a flexibilizar despidos y eliminar indemnizaciones.
“La deuda nos empobrece y nos despolitiza. Ya no hace falta un patrón que te vigile, el sistema financiero se metió en la intimidad,” asegura Lucía Vasallo.
Los diagnósticos de salud mental se multiplican: angustia, ansiedad, insomnio, especialmente entre trabajadoras de salud, comercio y docencia. El acceso a terapia se vuelve inaccesible por los costos crecientes y listas de espera en el sistema público.
Frente a este panorama, el trabajo comunitario surge como refugio y resistencia. Grupos de apoyo, talleres y bibliotecas populares ofrecen encuentros esenciales para sostener vínculos y contrarrestar el aislamiento. Para Lucía Vasallo, “la comunidad es el antídoto frente a la mortificación social”.
En un país donde el mercado avanza y el Estado retrocede, la precariedad laboral ya no es solo un efecto sino una herramienta de control social. Millones sobreviven sumando trabajos sin garantías, con derechos que retroceden y un futuro que difícilmente se imagine sin deudas ni miedo.
