El PSOE de Melilla acusó a la Autoridad Portuaria de Melilla (APM), presidida por Manuel Ángel Quevedo (PP), de haber entregado el negocio de cruceros a una sola empresa mexicana sin transparencia ni debate público.
La secretaria de Medio Ambiente y Agenda 2030 del PSOE, Lucía Rubio, criticó que el proceso fue “fragmentado” y diseñado a medida de ITM, el grupo mexicano que controlará la gestión del puerto, actividades turísticas y locales comerciales. Según Rubio, esta concesión de 25 años deja a los empresarios locales “como simples espectadores” sin garantías de participación.
Rubio denunció que el PP avanzó con decisiones parciales que generaron confusión y desinformación, y censuró que los locales del puerto fueron cedidos a la empresa extranjera para decidir quién y bajo qué condiciones podrá instalarlos, afectando directamente a los negocios locales.
Defensa de la Autoridad Portuaria
Manuel Ángel Quevedo negó irregularidades y defendió el acuerdo con ITM, asegurando que el proyecto permitirá aumentar el turismo y crear empleos estables a partir de 2027. Explicó que la empresa mexicana construirá una terminal privada de cruceros y rehabilitará locales comerciales vacíos desde hace años.
Quevedo acusó a Rubio de actuar por “intereses personales y familiares” y recordó que un familiar suyo perdió concesiones en el puerto a finales de 2024.
El presidente de la APM afirmó que la llegada de ITM supone un salto cualitativo para Melilla, que será más conocida internacionalmente, y que el proyecto generará sinergias y atraerá otros tipos de visitantes. También criticó al PSOE por romper la unanimidad política y social en torno al desarrollo portuario.
Quevedo señaló además que la clausura comercial de la frontera en 2018 y problemas con el tráfico de mercancías evidencian la incapacidad del Gobierno central para hacer que Marruecos respete acuerdos, y defendió que la cesión de locales incrementa ingresos públicos y favorece el interés general.
El conflicto revela una disputa política por el control del Puerto de Melilla, que está llamado a jugar un rol clave en la economía local, mientras la comunidad reclama mayor transparencia y participación empresarial de la ciudad.
