El Senado de San Luis aprobó este martes una serie de proyectos legislativos que modifican el funcionamiento del Poder Judicial y la gestión de bienes estatales, en una sesión rápida y sin debates extensos.
Entre las iniciativas destacadas está la derogación de artículos de la Ley N° IV-0091-2004 relacionados con la comunicación entre tribunales provinciales. Según Martín Olivero, se elimina normativa declarada inconstitucional que generaba burocracia y retrasos en la tramitación judicial, y que entraba en conflicto con la Ley Nacional N° 22.172. Con esta medida, oficios de jueces de otras provincias podrán ejecutarse sin intervención local, acelerando procesos y evitando conflictos de competencia.
Olivero: “La vigencia de esta ley sólo ocasiona desgaste jurisdiccional y mayor mora en la tramitación, la derogación favorece el servicio de justicia”
Otra norma aprobada extiende por dos años la continuidad funcional de magistrados y funcionarios designados en carácter provisorio durante 2024 y 2025. Esto, explicó Olivero, asegura “la continuidad del servicio de justicia” ante la demora en cubrir cargos de forma definitiva, en un marco excepcional y limitado en el tiempo.
Además, el Senado sancionó una nueva regulación para la disposición de vehículos abandonados, secuestrados o decomisados. La iniciativa, presentada por Diego García, busca optimizar recursos estatales, cuidar el medio ambiente y reusar vehículos para la fuerza de seguridad provincial o su venta en remates públicos. Establece procedimientos para declarar un vehículo abandonado y contempla descontaminación ambiental.
En paralelo, avanzó la revisión del Código Contravencional que incorpora sanciones para nuevas infracciones vinculadas a la seguridad digital y regula responsabilidades de padres frente a delitos cometidos por menores. También prevé ampliaciones en las penas por maltrato animal y la posibilidad de aplicar terapias familiares para víctimas y agresores. Sólo el senador opositor Hugo Olguín votó en contra.
Finalmente, se aprobó sin objeciones la Ley de Educación Ambiental, destinada a fortalecer la enseñanza y promover prácticas sustentables en todos los niveles educativos dentro de la provincia de San Luis.
Todos los proyectos recibieron media sanción y ahora deberán ser revisados por la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
