El Senado de Estados Unidos aprobó por 51 votos contra 47 eliminar la declaración de emergencia nacional que permitió a Donald Trump imponer aranceles globales a comienzos de abril. La medida busca revocar los gravámenes que afectaron a múltiples países, aunque es simbólica porque la Cámara de Representantes bloqueó cualquier intento para suspender esos aranceles hasta marzo de 2026.
La mayoría de los republicanos rechazó la propuesta, pero cuatro legisladores conservadores se sumaron a los demócratas para avanzar contra la política arancelaria de Trump. Esta semana, el Senado también aprobó con respaldo bipartidista otras dos resoluciones para eliminar aranceles específicos sobre productos de Canadá y Brasil, revelando crecientes divisiones internas respecto al uso agresivo de la política comercial.
Trump justificó los gravámenes argumentando un “gran y persistente déficit comercial” con varios países y estableció un arancel general del 10% a todos los países, con tarifas mayores para aquellos con desequilibrios comerciales más marcados. Estas medidas provocaron protestas internacionales y cuestionamientos legales.
De hecho, dos tribunales inferiores ya dictaminaron que estos aranceles eran ilegales. El caso escaló hasta la Corte Suprema de EE.UU., que tiene programada una audiencia para el 5 de noviembre donde evaluará la validez de estas medidas.
Mientras tanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que el gobierno recaudó cerca de 88.000 millones de dólares en ingresos arancelarios hasta agosto. Según la consultora Tax Foundation, estos impuestos podrían aumentar los costos en más de 1.600 dólares por hogar y reducir el producto interno bruto de EE.UU. en un 0,5% durante la próxima década.
La expectativa de un cambio real en la política arancelaria queda en manos de la Cámara y la Corte Suprema, aunque el voto del Senado refleja la creciente resistencia al enfoque proteccionista impulsado por Trump, que redefinió las reglas del comercio exterior estadounidense.
