Un juez en Ecuador abrió juicio a 17 militares acusados de desaparición forzada y la ejecución de cuatro menores afrodescendientes en Guayaquil. Los hechos ocurrieron la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto a sus amigos Saúl Arboleda, 15, y Steven Medina, 11, fueron detenidos de forma irregular en Las Malvinas, un barrio de la ciudad.
Los menores fueron sacados a la fuerza, golpeados y llevados en vehículos hasta la zona rural de Taura, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Allí, los militares afirmaron haberlos dejado libres, pero luego aparecieron muertos con impactos de bala en la cabeza.
Durante la audiencia preparatoria, tres militares pidieron colaborar con la justicia y revelaron que los niños fueron torturados y humillados antes de su muerte. La autopsia confirmó los disparos en el cráneo. Uno de los testigos denunció también haber sido torturado para declarar falsamente que bandas criminales se habían llevado a los menores.
Entre los acusados hay 16 militares que participaron en la detención y un teniente procesado como cómplice por supuestamente recoger prendas de las víctimas sin informar a las autoridades.
El juez Dennis Ugalde confirmó la prisión preventiva contra los acusados, rechazando su intento de seguir el proceso en libertad. Ugalde señaló que es obligación de las fuerzas armadas respetar los derechos ciudadanos.
“Ahora, un tribunal deberá determinar la responsabilidad de los 17 militares implicados y la pena privativa de libertad correspondiente”, dijo Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, que lleva la defensa de las víctimas.
Bastías resaltó además que este ofrecimiento de juicio ocurre exactamente diez meses después de la desaparición y muerte de los menores, y advirtió que hay al menos otras 43 desapariciones forzadas denunciadas contra fuerzas estatales en Ecuador desde que el presidente Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno” contra bandas criminales.
Desde entonces, la policía y militares tienen licencia para disparar a presuntos delincuentes en flagrancia o ante amenazas, generando críticas y denuncias por abusos, incluida la desaparición forzada de civiles inocentes.
La apertura de este juicio es el primer paso formal para castigar a responsables dentro de las fuerzas armadas en este caso que ha conmocionado a Ecuador y podría aumentar la presión por esclarecer otras desapariciones ligadas a la estrategia militar.
