Las campañas políticas en Colombia están bajo fuerte presión por los nuevos tiempos y requisitos de financiamiento que impone la ley electoral para el 2025.
Según expertos y autoridades, el manejo de recursos durante la campaña ahora debe ser más transparente y ajustarse a plazos específicos que limitan los gastos anticipados. Esto genera un reto para muchos candidatos que deben organizar fondos y actividades en períodos más estrictos.
La regulación busca evitar maniobras financieras que comprometan la equidad en las contiendas. Los partidos y aspirantes deben reportar cómo consiguen sus recursos y en qué los gastan a un tiempo definido antes de las elecciones, lo que cambia el ritmo tradicional de organización.
Esta semana, tanto candidatos independientes como partidos tradicionales ajustaron sus estrategias para cumplir con las nuevas reglas y evitar sanciones. El control más riguroso también implica que campañas pequeñas podrían enfrentarse a limitaciones.
Las autoridades electorales insistieron en que cumplir los tiempos y controlar el origen del financiamiento es clave para proteger la democracia y garantizar elecciones limpias.
El desafío principal para los políticos será adaptar sus estructuras de campaña de cara a lo que queda del año, equilibrando la presión de recaudar con los límites legales que se han endurecido.
El impacto en las carreras políticas será clave para monitorear en los próximos meses, con especial atención a cómo estas medidas afectan la competencia y la transparencia en Colombia.
