Casi un millón de estudiantes en España están haciendo prácticas no remuneradas este año pese a estar inscritos en la Seguridad Social, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La ley que obliga a dar de alta a los becarios desde el 1 de enero de 2024 busca proteger a jóvenes como María y Miguel, dos estudiantes de periodismo que compartieron su experiencia con Infobae España.
María hizo prácticas extracurriculares en un periódico local en Soria cubriendo eventos y escribiendo en varias secciones durante jornadas de 7 horas diarias, sin recibir ningún pago. “Sabía que no me pagarían, pero no te sientes bien haciendo el mismo trabajo que los demás y sin ningún ingreso”, dijo. Por su parte, Miguel hizo prácticas curriculares teletrabajando en una start-up madrileña. Su horario es de 2 a 3 horas diarias, pero asegura que las exigencias superan ese tiempo, y tampoco recibió pago alguno. “Nos utilizan para tareas que harían empleados, sin compensación justa”, afirmó.
Estas prácticas están cubiertas por el Real Decreto-ley 5/2023, que exige afiliar a todos los practicantes a la Seguridad Social, garantizando cotización y protección frente a accidentes, algo que antes solo ocurría con prácticas pagadas. La ministra Elma Saiz destacó que es una “extensión de derechos para los jóvenes, el futuro del sistema laboral”.
Sin embargo, la remuneración sigue siendo voluntaria y no hay obligación legal de pagar a los becarios, lo que ha provocado críticas sociales y políticas. El tema escaló hasta el Parlamento Europeo, que el 1 de octubre publicó un informe proponiendo una directiva que prohibiría las prácticas no remuneradas en toda la Unión Europea y fijaría condiciones mínimas, incluidas la remuneración y limitación a seis meses de duración para evitar explotación.
La propuesta busca una definición común de prácticas y establece controles para impedir que las compañías usen estos contratos como sustitutos de empleo formal. Sin embargo, por ahora la remuneración obligatoria se limitaría solo a prácticas extracurriculares y no afectaría aprendizajes profesionales, lo que genera dudas entre expertos y afectados.
Además, el cumplimiento de la directiva implicará trámites administrativos, inspecciones y un mayor costo para empresas, lo que podría reducir la oferta de prácticas. María y Miguel dejaron claro que bajo las condiciones actuales no repetirán esta experiencia. “Si no se regula, esto es explotación laboral,” dijo Miguel.
En definitiva, aunque España avanzó este año en protección social para estudiantes en prácticas, la falta de pago y condiciones laborales justas sigue generando polémica y urgencia de cambios más profundos.
