Popayán vivió este miércoles una masiva audiencia pública para socializar el proyecto de ley que busca limitar las manifestaciones que bloquean vías en Colombia, especialmente en el Cauca. La iniciativa, presentada por el representante Óscar Campo, busca poner reglas claras para proteger el derecho a la protesta sin afectar el resto de la sociedad.
El evento se realizó en el auditorio de la Universidad Autónoma de Popayán, convocado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Asistieron autoridades locales, gremios, transportadores, académicos y la fuerza pública. En su intervención, Campo aclaró que la ley no pretende suprimir la protesta pacífica, sino evitar que se convierta en bloqueo permanente que afecte la convivencia y la seguridad.
“La protesta es un derecho, no una licencia para el caos y la violencia… proponemos reglas para que la gente pueda manifestarse sin bloquear la vida del país”, dijo Campo.
El gobernador Octavio Guzmán respaldó la necesidad de un marco jurídico que facilite respuestas institucionales rápidas frente a bloqueos, pensando en la estabilidad económica y social de la región. Guzmán enfatizó que las decisiones deben superar ideologías y buscar el desarrollo regional, apoyando empleo y la conectividad vial.
Por su parte, el comandante de la Tercera División del Ejército, brigadier general Javier Hernando Africano, hizo recomendaciones para que las Fuerzas Militares y de Policía coordinen las operaciones durante manifestaciones, evitando duplicidad o fallas en sus funciones.
Los gremios expresaron su preocupación por el alto costo logístico que generan estos bloqueos en la zona, especialmente en la estratégica Vía Panamericana. Yolanda Garcés, gerente seccional Cauca de la Andi, advirtió que el corredor tiene un costo logístico del 25.8% frente al promedio nacional del 17.8%, afectando la eficiencia y competitividad del país.
“Nuestra eficiencia logística ocupa el puesto 66 entre 139 países y los bloqueos sólo agravan ese atraso”, agregó Garcés.
La cuestión seguridad alimentaria también fue tema clave. Ana Lucía Sterling, directora ejecutiva de Fenavi en Valle del Cauca, alertó que 53 millones de colombianos corren riesgo por el bloqueo de rutas que impide el transporte de proteínas básicas como pollo y huevo.
“¿Es más importante el derecho de unos pocos bloqueadores que la alimentación de 11 millones de niños y 17 millones en pobreza extrema?”, cuestionó Sterling.
En la audiencia también se planteó la creación de un Observatorio Regional de Movilizaciones y Diálogo Social, con participación de gremios, sociedad civil, universidades y autoridades, para prevenir conflictos y buscar soluciones tempranas. Esta propuesta fue presentada por Carlos Farfán, del Comité Intergremial del Valle del Cauca.
Óscar Campo recordó que la Constitución de 1991 estableció la protesta como derecho fundamental, pero dejó en manos del Congreso la tarea pendiente de delimitar sus límites, algo que no se había hecho en más de 30 años. Según Campo, los bloqueos prolongados generan violencia y afectan derechos de terceros, por eso se hace urgente legislar para evitar la anarquía.
Este proyecto sigue adelante con la expectativa de que la discusión sea un primer paso para equilibrar el derecho a la movilización con la necesidad de mantener la movilidad y la seguridad en todo el país.
