Colfecar, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, rechazó el Decreto 1017 de 2025, emitido por el Ministerio de Transporte, que modifica el Decreto 1079 de 2015 y que, según el gremio, representa un cambio estructural sin diálogo con los actores del sector.
El gremio advierte que la norma aumenta significativamente los costos operativos en un sector ya golpeado por el alza en peajes, combustibles y salarios, además de un incremento del 218% en el anticipo del impuesto de renta. La reciente reforma fiscal también introduce nuevas cargas tributarias que encarecen aún más la operación.
“Nos obligan a asumir altos costos y un pago mínimo obligatorio de fletes, pero el gobierno no garantiza condiciones básicas para trabajar”, afirmó Colfecar.
Entre enero de 2023 y agosto de 2025 el gremio registró 2.167 bloqueos en vías nacionales, sumados a cierres por obras y una ola creciente de inseguridad que ya ha dejado 30 conductores asesinados, además de casos de hurto, extorsión y ataques a vehículos de carga.
Colfecar también denunció exclusión de las etapas finales de consulta del decreto. Aunque entregaron observaciones en cuatro borradores, estas no fueron consideradas. “Sin consensos no se construye el sector, ni el país”, puntualizó la federación.
El Decreto 1017 obliga a que vehículos livianos desde 3.500 kg contribuyan al Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico (FOPAT) con un 25% del valor comercial, aumento frente al 15% previo, afectando especialmente camiones de última milla. Esto eleva los costos de renovación de flota en un parque vehicular ya envejecido y sin opciones claras de chatarrización viables.
Colfecar alertó también que la nueva norma impone una retención mensual del 0,1% del valor de los fletes a transferir a una entidad estatal, aumentando gastos administrativos en personal y tecnología para las empresas. Además, trasladan tareas como controles de sobrepeso y detención de vehículos a transportadores cuando correspondería a los generadores de carga.
El gremio remarcó que la falta de un periodo de transición para la entrada en vigor afecta órdenes de compra, vehículos en tránsito y la seguridad jurídica, con impactos económicos que podían evitarse.
La organización destacó la competencia desleal por parte de empresas informales que operan sin vigilancia ni sanciones, lo que desincentiva la formalidad en el sector.
Con estos cambios, los transportadores anticipan un incremento sustancial en los costos operativos y legales, sin garantías de mejor infraestructura ni seguridad vial.
