Organizaciones comunitarias y ambientales del Oriente antioqueño alertan sobre daños al ecosistema del río Calderas, denunciando prácticas irregulares en la apertura de compuertas y manejo de sedimentos durante las obras de repotenciación de la central hidroeléctrica Calderas, operada por Isagen.
La Central Calderas, en operación desde 1988 y reiniciada en 2005 bajo gestión de Isagen, está en proceso de modernización para extender su vida útil al menos tres décadas más. Sin embargo, habitantes de San Carlos y Granada temen que las maniobras inadecuadas estén fomentando la contaminación de la cuenca, afectando directamente la pesca, el turismo y aumentando la erosión con riesgos de inundaciones.
Además, advierten que el dragado y vertimiento de sedimentos podría liberar mercurio proveniente de la minería ilegal en la cuenca alta, diseminando este tóxico por ríos y quebradas aguas abajo. Estas denuncias han sido respaldadas por el Observatorio de DDHH-Paz y Ambiente del Oriente antioqueño y la Mesa por la Defensa de los Ríos San Carlos, Calderas y Tafetanes, que critican la falta de diálogo abierto y acceso real a información pública, algo exigido por el Acuerdo de Escazú ratificado en 2022.
Juan Esteban Flórez, vicepresidente de Producción de Energía de Isagen, reconoce que han avanzado en manejo de sedimentos, admitiendo que el último dragado autorizado ocurrió hace más de dos años con permisos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Sin embargo, asegura que la información sobre manejo y permisos ha sido difundida con líderes comunitarios y que las acusaciones recientes responden a una “distorsión” que mezcla problemas reales de la cuenca, como deforestación y vertimientos ilegales, que no atribuye a la operación de Calderas.
Flórez también resaltó que la minería ilegal impacta negativamente la generación energética y el estado del río, y que la empresa presentó a Calderas como piloto para definir normativas nacionales sobre manejo de sedimentos en embalses anticipando regulaciones más estrictas.
Por otro lado, diferentes organizaciones sociales denuncian presuntos atropellos y persecución judicial en contra de líderes veredales que han protestado contra la compañía, señalando perfilamientos y la exigencia de desmontar una caseta comunitaria de refugio.
El conflicto socioambiental en Calderas es uno de los más antiguos de Antioquia, con casi 40 años de tensiones entre operadores y comunidades. La falta de normas claras sobre manejo de sedimentos y la interacción con procesos como la deforestación y la contaminación por minería ilegal agravan los riesgos ambientales. Expertos y actores locales reclaman un debate amplio, transparente y participativo para garantizar protección ambiental y social.
En la actualidad, la hidroeléctrica Calderas aporta menos de 20 megavatios y forma parte clave de la cadena hidráulica del Oriente antioqueño en el Sistema Interconectado Nacional, por lo que su operación es estratégica pero debe equilibrarse con la defensa de la cuenca y los derechos de las comunidades.
