El Congreso de Perú destituyó hoy a la presidenta Dina Boluarte, la cuarta máxima autoridad del país removida por el Legislativo en lo que va del siglo. El argumento oficial fue su “incapacidad moral permanente” para enfrentar la creciente inseguridad y la expansión del crimen organizado, a menos de seis meses de las elecciones generales previstas para 2026.
Boluarte sucede a un historial turbulento de destituciones presidenciales. Su antecesor, Pedro Castillo, fue destituido en diciembre de 2022, también bajo la figura de “incapacidad moral”, tras un intento fallido de disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción. Castillo, primer presidente peruano elegido en las urnas tras décadas, llevó a cabo 70 cambios de ministros en solo 17 meses. Actualmente cumple prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo, donde también están otros expresidentes encarcelados, como Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
Antes de Castillo, fue destituido Martín Vizcarra en noviembre de 2020, quien enfrentó acusaciones de corrupción vinculadas a sobornos en su etapa previa como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. La Fiscalía pide para él 15 años de prisión.
En 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció antes de ser destituido, en medio de escándalos por videos que revelaron intentos de compra de votos. Y la cadena de crisis presidenciales se remonta a Alberto Fujimori, quien tras un escándalo de corrupción y espionaje político huyó y fue destituido en 2000 por el Congreso por “incapacidad moral permanente”. Fujimori es el primer exmandatario peruano en esa lista negra que comienza el siglo XXI de forma convulsa.
La inestabilidad política de Perú refleja un sistema donde el Congreso detenta amplios poderes y ha derrocado a cuatro presidentes en poco más de veinte años, un récord en Latinoamérica. Además, ocho expresidentes están o han estado bajo investigación o condena por corrupción, lo que alimenta la crisis institucional.
El país enfrenta además una alta criminalidad y una fuerte presión social, factores que usan los legislativos para justificar destituciones. Sin embargo, estas removiciones han profundizado la incertidumbre política y afectado la gobernabilidad.
Este patrón en Perú contrasta con las olas de crisis que también vivieron otros países latinoamericanos. En Ecuador, el presidente Lucio Gutiérrez fue destituido tras protestas en 2005. En Honduras, el Congreso autorizó la destitución de Manuel Zelaya en 2009 luego de un golpe militar. Paraguay destituyó a Fernando Lugo en 2012 por mal desempeño, y Brasil sacó del poder a Dilma Rousseff en 2016 mediante juicio político.
La destitución de Boluarte abre un nuevo capítulo de incertidumbre para Perú. Con solo meses para los próximos comicios y una ciudadanía agotada por la corrupción y la inseguridad, la crisis política parece lejos de concluir.
