El Consejo de Estado dictó nuevas restricciones para el uso de las alocuciones presidenciales, una figura que utiliza el presidente Gustavo Petro para dirigirse al país por televisión. La decisión, firmada por el magistrado y vicepresidente del tribunal, Alberto Montaña Plata, establece requisitos claros que la Presidencia deberá cumplir para seguir usando esta herramienta de comunicación.
Según la resolución, las alocuciones deben cumplir con una justificación concreta y responder a situaciones urgentes. No podrán ser recurrentes ni ocupan tiempos extensos o irrazonables, ni tampoco usarse con temas vagos o genéricos. El Consejo deja en claro que no pueden presentarse más de una alocución por semana y que cada solicitud debe especificar detalladamente el asunto a tratar.
Además, la Presidencia tendrá que presentar ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) una motivación clara para aprobar cada intervención. Esto aplica para transmisiones en canales públicos, como los administrados por RTVC, y en televisión privada, incluyendo el canal Uno, canales regionales y comunitarios.
La medida busca evitar el uso indiscriminado de estos espacios de comunicación política y darle mayor control a las entidades regulatorias sobre su frecuencia y duración.
El presidente Petro reaccionó inmediatamente a través de su cuenta de X (antes Twitter), denunciando que el Consejo de Estado “quiere dar su golpe de estado: censurar al presidente”. Añadió que este control impide el debate de ideas y que “creen que, porque hablo, gano (…) podemos ganar pensando”.
La controversia llega en un momento en que Petro ha intensificado sus mensajes directos al país, lo que ahora enfrentará una regulación más estricta a su modo de llegar a la opinión pública.
Queda claro que en adelante la Presidencia deberá medir cada intervención, justificando motivos y sujetándose a límites temáticos y temporales para no violentar la nueva resolución del máximo tribunal colombiano. De no hacerlo, las alocuciones podrán ser impedidas por el CRC como lo ordena el Consejo de Estado.
Esta decisión genera un choque temprano entre el Gobierno y una instancia judicial, donde se debate el alcance del control sobre la comunicación presidencial en medios audiovisuales.
