La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia encontró pruebas contundentes de que la campaña al Senado del Pacto Histórico incluyó ilegalmente un contrato de transporte aéreo por más de $1.200 millones COP que nunca fue usado por los candidatos senadores, sino por la campaña presidencial de Gustavo Petro.
El contrato, suscrito por el entonces gerente de campaña al Senado, el actual ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S., fue reportado indebidamente como gasto de los senadores en porciones alrededor de $60 millones COP. Esta maniobra habría servido para ocultar gastos efectivos de la campaña presidencial y evadir los límites legales de gastos en la contienda al Senado.
La investigación, que dejó al descubierto la inclusión de información falsa en los reportes entregados al Consejo Nacional Electoral, determinó que los vuelos organizados bajo ese contrato fueron usados exclusivamente por la campaña de Petro durante la consulta interna y etapas posteriores. Los senadores firmaron los informes sin conocer las irregularidades, confiados en los datos entregados por Jaramillo, quien tenía control directo sobre la administración del contrato.
La Corte señala que esta falsedad ideológica y fraude procesal no se investigarán formalmente porque los congresistas, aunque responsables de los informes, actuaron de forma culposa y sin dolo directo, pues desconocían que esos gastos no les correspondían. Sin embargo, para la Sala sí hubo engaño al Consejo Nacional Electoral, lo que generó la aprobación errónea de reposición de gastos derivados de los votos obtenidos.
Además, se concluyó que la logística y gestión de los vuelos estuvo a cargo de Laura Sarabia, coordinadora de la agenda de Petro, no de la campaña al Senado. Se detectaron cambios en facturas para ocultar quién utilizó los vuelos, la mayoría vinculados a familiares y personas cercanas al entonces precandidato presidencial.
La magistratura halló que el gerente de campaña presidencial, Ricardo Roa, promovió la contratación con la misma compañía para la campaña al Senado, lo que facilitó la mezcla irregular de gastos y horas de vuelo entre ambas campañas. Los senadores admitieron no haber utilizado esos vuelos ni haberse beneficiado directamente.
El fallo de 237 páginas confirma que documentos oficiales presentados al Consejo Nacional Electoral contienen información falsa, que permitió una mayor autorización financiera para la campaña al Senado, poniendo en entredicho la transparencia del Pacto Histórico en sus informes financieros.
Este nuevo escándalo se suma a las recientes polémicas sobre administración y gastos en la coalición que llevó a Petro a la Presidencia, afectando la imagen de sus líderes y cuestionando la responsabilidad en la gestión de recursos electorales.
