La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) frenó la transmisión de alocuciones presidenciales por televisión pública y privada, una medida que expertos y ciudadanos califican como un acto directo de censura que vulnera derechos fundamentales.
La CRC restringe el derecho de la ciudadanía a recibir información de primera mano del jefe de Estado, prohibiendo mensajes institucionales que buscan informar y orientar sobre políticas públicas. Esta decisión atenta contra la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución de 1991, que garantiza información veraz e imparcial sin censura previa.
Fuentes consultadas consideran que limitar las intervenciones del presidente Gustavo Petro no es solo un golpe al mandatario, sino una afrenta a la democracia colombiana. Señalan que esta regulación impone criterios arbitrarios y discrecionales, poniendo en riesgo la pluralidad informativa que dice proteger.
El presidente tiene mandato legal para dirigirse a la nación y explicar decisiones gubernamentales. El bloqueo de estas alocuciones equivale a ponerle una mordaza oficial, lo que reduce la posibilidad del control ciudadano sobre el poder y limita la deliberación pública.
Además, la CRC no estableció parámetros claros ni objetivos para esta restricción, lo que abre la puerta a censuras selectivas dependiendo del contenido o la agenda política de turno. Así, en lugar de salvaguardar el pluralismo, esta medida empobrece el debate democrático.
Especialistas advierten que el papel del regulador es garantizar el derecho a la información, no dosificarla ni condicionarla bajo el argumento de equilibrio informativo. La libertad de expresión institucional debe primar para fortalecer la participación ciudadana y prevenir los excesos con mecanismos transparentes, no con prohibiciones previas.
En resumen, el bloqueo impuesto por la CRC representa un retroceso en el marco democrático colombiano y vulnera el derecho colectivo de los ciudadanos a estar plenamente informados por quien dirige el país.
