El gobierno colombiano asestó un duro golpe contra la minería ilegal en Buriticá, Antioquia, con la incautación de 14 inmuebles que operaban túneles ilegales para extraer oro.
En un operativo conjunto participaron 140 miembros de la Séptima Brigada y 120 agentes de la Policía Nacional, apoyados por drones y posiciones artilladas. Según el presidente Gustavo Petro, esta es la mayor acción en la historia contra la minería ilegal en el país.
La cantidad de oro extraída ilegalmente, calculada en tres billones de pesos anuales, era vendida por el Clan del Golfo, que utilizaba estos recursos para financiar compra de armas y operaciones mafiosas en Antioquia.
“Quiero que estos 14 túneles se titulen a cooperativas de pequeños mineros de vieja tradición en Buriticá, y que la Policía Nacional cuide el desarrollo de la economía legal del oro en esta región de manera prioritaria”, dijo Petro.
El mandatario también anunció que el gobierno comprará el oro producido legalmente a un precio cercano al internacional para asegurar el pago de regalías a los municipios auríferos. Las cooperativas a cargo deberán garantizar aportes a salud y pensiones para sus miembros.
Simultáneamente, el gobierno intensifica la destrucción de maquinaria usada para minería ilegal en los ríos del país, buscando frenar la financiación de grupos armados ilegales.
Avances hacia la formalización y nueva economía lícita
La Agencia Nacional de Minería informó que ya se han formalizado cerca de 22 mil pequeños mineros, de los cuales más de 8.200 se registraron en los últimos tres meses.
Por otra parte, Petro reveló que el gobierno adelanta diálogos con el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y que esta organización busca salir de la economía ilícita en la región del Darién colombiano.
“Se ha escogido el Darién colombiano para salir de las economías ilícitas por voluntad propia del grupo armado”, explicó Petro.
El presidente dio instrucciones para que Migración Colombia establezca un puesto de control en esa zona, ofreciendo servicios en todos los municipios del Darién para controlar flujos migratorios y facilitar la sustitución de economías ilegales por actividades como el turismo y el proyecto del tren intercontinental.
La ofensiva del gobierno busca golpear el financiamiento criminal, formalizar la minería de pequeña escala y promover la legalidad en regiones clave de Antioquia.
