La Defensoría del Pueblo lanzó este martes una Alerta Temprana Especial Electoral 2025-2026 advirtiendo riesgos para la democracia en el país frente a las próximas elecciones presidenciales y de Congreso.
Según el informe, existen posibles vulneraciones a derechos civiles y políticos, además de infracciones al Derecho Internacional Humanitario antes, durante y después de la jornada electoral. La alerta se da en un contexto de mayor polarización política y presencia creciente de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que presionan, amenazan y hostigan a candidatos y comunidades.
Iris Marín, Defensora del Pueblo, afirma que “ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones”, pero insiste en que el proceso debe blindarse con un esquema integral y diferenciado de prevención y protección que garantice la seguridad de candidatos, mujeres, juventudes, víctimas del conflicto, personas LGBTIQ+ y servidores públicos.
El análisis incluyó 14 variables para evaluar el riesgo municipio por municipio. De 1.127 municipios y áreas especiales, se identificaron 62 de acción inmediata, 162 de acción anticipada, 425 de acción sostenida, 216 de acción preventiva y 257 de bajo riesgo. Esto suman 865 municipios con niveles de riesgo diversos para la seguridad electoral.
El mayor peligro no está en el momento del voto, sino en la campaña. Enfrentan amenazas, hostigamiento, limitaciones al proselitismo, violencia digital y desinformación que afectan especialmente a candidatas mujeres. En enero, la Defensoría reportó a Fiscalía, Policía y la UNP amenazas contra candidatos a la gobernación de Putumayo y presiones a comunidades indígenas en Puerto Asís.
El documento resalta la importancia de acciones diferenciadas según las condiciones locales y pide fortalecer capacidades institucionales para disuadir a actores violentos y garantizar un entorno seguro para la participación política, evitando que la violencia y la criminalidad limiten la democracia.
La Defensoría también señaló que la coyuntura electoral llega tras cambios inéditos en la política colombiana: un gobierno de izquierda, nuevos liderazgos sociales y mayor pluralismo, pero también mayor polarización entre corrientes extremas y confrontación verbal que tensiona el ambiente electoral.
Ante esto, llaman a una intervención estatal coordinada, oportuna y proporcional en territorios con alta vulnerabilidad para evitar que las amenazas escalen y la violencia impida un proceso electoral libre, seguro y en paz.
La alerta subraya que su naturaleza es técnica y preventiva, sin sesgo político, y busca preservar la histórica tradición democrática de Colombia incluso en contextos adversos.
