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Disidencias de Iván Mordisco avanzan en vía ilegal en Jamundí pese a amenazas

Disidencias continúan construyendo vía en zona rural de Jamundí y bloquean paso con multas de hasta un millón de pesos.

Las disidencias del Frente Jaime Martínez, lideradas por Iván Mordisco, siguen avanzando en la construcción de una vía ilegal entre los corregimientos San Antonio y Ampudia, en zona rural alta de Jamundí, Valle del Cauca, desafiando las advertencias y bloqueos de la Gobernación del Valle.

La obra atraviesa la Cordillera Occidental y termina en la vereda La Pradera, en Ampudia, conectando una ruta estratégica para facilitar el transporte de grandes cargamentos de cocaína hacia la costa Pacífica, específicamente a Naya, Guapi y Puerto Merizalde.

Aunque la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció meses atrás que la administración recuperaría el control de esta vía irregular para garantizar progreso y condiciones dignas a la comunidad, esa promesa no se ha cumplido. La Gobernación intentó entrar a San Antonio con maquinaria, pero trabajadores fueron intimidados y atacados por los disidentes, quienes mantienen el control total.

Una fuente local reveló a SEMANA que, al 29 de octubre, la construcción avanza justo frente a un colegio, donde las disidencias han prohibido el paso peatonal. Esto ha dejado sin clases a los niños y obliga a los residentes a tomar rutas alternas que les añaden al menos una hora de viaje. Quienes intenten transitar sin permiso son multados con un millón de pesos.

Además, la población está atada a exigencias económicas arbitrarias. Los maestros han tenido que donar cemento, y hasta los adultos mayores que reciben subsidios estatales están obligados a contribuir bajo amenaza directa de perder esos apoyos. Según denuncias, los encargados de controlar estas donaciones son alias “Elvia” y alias “Toro”, quienes manejan listas enviadas a la Alcaldía de Jamundí.

El cobro alcanza a toda la comunidad: familias con niños, propietarios de vehículos y la mayoría de los residentes enfrentan pagos obligatorios que oscilan desde 700 mil pesos. La presión económica y el bloqueo de la vía ponen en jaque la vida diaria y la educación en esta zona rural.

La Gobernación mantiene un silencio constante ante este avance territorial. Las disidencias no solo están fortaleciendo su presencia en uno de los corredores clave para el narcotráfico, sino que también consolidan su control social mediante la intimidación y la extorsión. La vía ilegal se convierte en símbolo del poder de guerra en el Valle, con la comunidad atrapada entre amenazas y abusos.

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