La relación entre Colombia y Estados Unidos se tambalea otra vez por la amenaza de mayores aranceles y la posible suspensión total de ayuda estadounidense por la supuesta falta de acción contundente en la lucha contra el narcotráfico.
Ayer, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de EE.UU., confirmó que aún no hay una decisión tomada, pero el sector empresarial colombiano está en alerta tras la imposición en abril pasado de un arancel del 10% a productos colombianos.
José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos de ANIF, advirtió que aranceles mayores, por ejemplo al 25%, podrían causar una caída significativa del comercio bilaterial, pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares, una baja del PIB mayor a un punto porcentual y un impacto notable en el empleo.
Este escenario extremo incluiría incluso impuestos al petróleo, que por ahora está excluido, pero López recordó que las medidas actuales no violan tratados comerciales porque se basan en facultades especiales por seguridad nacional.
Sebastián Chacón, del Politécnico Grancolombiano, explicó que EE.UU. es el principal mercado para Colombia con cerca del 30% de participación en exportaciones. En 2025, el comercio bilateral superó los 15.600 millones de dólares, con productos clave como petróleo crudo, café sin tostar, flores y capullos, que representan casi la mitad de las exportaciones.
Además, las exportaciones no minero-energéticas crecieron un 25% este año, destacando el café con un aumento cercano al 80%, flores, banano, aguacate Hass y productos industriales como puertas y ventanas de aluminio.
Sin embargo, Chacón alertó que la posible subida de aranceles impactaría la balanza comercial y podría subir los precios para los colombianos, afectando el consumo y la economía doméstica.
Más allá del comercio, en juego la seguridad
Para María Eugenia Vega, internacionalista del Politécnico Grancolombiano, el golpe más grave sería a la cooperación en seguridad y lucha antidrogas, fundamental para la estabilidad, especialmente en zonas delicadas como Norte de Santander y el Catatumbo.
“Esta cooperación implica intercambio de inteligencia, apoyo logístico y fortalecimiento institucional vital para enfrentar estructuras criminales. Su reducción o eliminación aumentaría la violencia y la inseguridad.”
Una reducción en la ayuda estadounidense también pondría en riesgo programas sociales vinculados a la estabilidad política y la seguridad. La ruptura bilateral podría aumentar la delincuencia y la violencia, advirtió Vega.
López aclaró que, aunque EE.UU. critica la lucha antidrogas colombiana, no cuestiona la democracia como hizo con Venezuela. La administración Trump busca presionar para cambios en seguridad y política migratoria, pero mantiene abierta la posibilidad de negociación si Colombia presenta avances concretos.
Vega identificó tres posibles escenarios: confrontación prolongada con políticas restrictivas, un equilibrio pragmático con cooperación funcional pese a diferencias, o un giro estratégico colombiano hacia la diversificación internacional, fortaleciendo vínculos con China, México y América Latina para reducir la dependencia de EE.UU.
En este contexto, el gobierno de Gustavo Petro apuesta por redefinir la relación bilateral, priorizando la autonomía nacional aunque eso signifique costos económicos y diplomáticos inmediatos.
