El Gobierno de Estados Unidos endurece su postura contra el presidente Gustavo Petro, a quien califican como “líder del narcotráfico” y “mal tipo”. El mandatario colombiano y su círculo cercano, incluida su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti, fueron incluidos en la llamada Lista Clinton, destinada a sancionar a personas vinculadas con negocios ilegales relacionados con el tráfico de drogas.
Esta movida se da en medio de una escalada de tensiones diplomáticas que se agudizaron tras la entrevista del pasado 20 de octubre con el periodista Daniel Coronell, donde Petro reafirmó un discurso confrontacional hacia Estados Unidos. A solo nueve meses de entregar el poder y días antes de la consulta interna de su coalición, el presidente enfrenta no solo cuestionamientos nacionales, sino también la inquina explícita de Washington.
El expresidente Donald Trump ha utilizado las declaraciones de Petro como arma política, aumentando la presión en un contexto en que EE.UU. mantiene la llave para ayudas económicas y estrategias antidrogas cruciales para Colombia.
El secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que las sanciones buscan afectar exclusivamente al presidente y su entorno, sin perjudicar a la población colombiana ni a la economía del país, que históricamente ha sido aliado estratégico de EE.UU. en la región.
Petro es el primer presidente colombiano incluido en una lista oficial vinculada a actividades ilícitas, un hecho que golpea la imagen y la estabilidad diplomática del país. Esta situación compromete los apoyos financieros y de inteligencia esenciales para combatir el narcotráfico, en un momento crítico marcado por la inseguridad y los conflictos internos que persisten tras la fallida estrategia de “paz total”.
Analistas y sectores políticos alertan sobre el costo que tendrá para Colombia esta confrontación directa, que puede aislar al país justo cuando requiere alianzas para enfrentar la crisis económica y social. La recomendación para el presidente es clara: actuar con prudencia y usar canales diplomáticos para evitar un deterioro mayor en las relaciones bilaterales.
Mientras tanto, la opinión pública se divide entre quienes defienden a Petro y quienes ven en estas sanciones una señal del desgaste y el costo político por sus posturas y decisiones. Lo cierto es que el futuro de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos pende de un hilo después de una semana de duras acusaciones y sanciones.
