El Ejército Nacional rechazó de manera contundente los hechos ocurridos el 7 de octubre en la Base Militar Antorcha, en Frontino, Antioquia, donde un civil perdió la vida bajo la custodia de nueve militares que ahora enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los uniformados, pertenecientes al Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío, luego de que el presidente Gustavo Petro y las autoridades confirmaran que el civil fue retenido por merodear cerca de la base y que el comandante del recinto no reportó la situación inicialmente.
Según el informe del Comando de la Cuarta Brigada, un acto individual de uso excesivo de fuerza de parte del personal militar desencadenó el fallecimiento. El Ejército reconoció que se excedieron las políticas internas y el respeto a los derechos humanos, señalando que estas conductas afectan la imagen institucional.
El día después del incidente, el Ejército denunció los hechos ante la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia y la Fiscalía Especializada de Justicia Penal Militar y Policial, iniciando una investigación disciplinaria. Paralelamente, el pelotón involucrado fue trasladado a Medellín para que los militares estén a disposición de las autoridades y se agilicen los procesos legales.
La colaboración entre el Ejército y la Fiscalía permitió identificar a cada uno de los presuntos responsables, quienes deberán responder de manera individual por sus actos ilegales. La institución lamentó la muerte del civil y solicitó que la justicia tome las decisiones correspondientes.
Este caso vuelve a poner la lupa en el manejo de derechos humanos en las Fuerzas Militares y la responsabilidad que deben asumir frente a excesos cometidos dentro de sus filas.
