La empresa israelí Elbit System, líder en tecnología de seguridad física y cibernética, mantiene un contrato millonario con el gobierno colombiano desde el gobierno de Juan Manuel Santos, vinculado a la operación y mantenimiento de la plataforma de vigilancia Puma.
Puma es una herramienta avanzada instalada en la Policía Nacional que puede interceptar hasta 20 mil fuentes de comunicación simultáneamente, incluyendo redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y plataformas de mensajería como Skype y Viber, además de telefonía móvil de cualquier operador. Su capacidad de monitoreo en tiempo real es amplia y discreta, lo que la convierte en una herramienta clave para la inteligencia del Estado.
El contrato inicial superó los 100 mil millones de pesos, aunque las cifras exactas se mantienen en reserva. En 2024, el Ministerio de Defensa, liderado por el exmilitar Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, giró un cheque por 9 mil millones para el soporte y mantenimiento de Puma.
Elbit ha encontrado en Colombia un mercado receptivo donde, a través de intermediarios como Italatam y posteriormente LV Inversiones S.A.S., ha consolidado su presencia. Esta última es una microempresa bogotana que sirve como representante legal y donde la gerencia está en manos de Sandra Catalina Vélez, autorizada directamente por directivos israelíes como Haim Delmar, director general de la división C4I y Ciberética de Elbit.
La relación con Elbit se enmarca en un momento donde la empresa israelí ve crecer la demanda gracias, en parte, al conflicto en Gaza, que ha potenciado sus productos de vigilancia y drones como el Hermes 900 a nivel mundial.
El presidente Gustavo Petro se mostró crítico de la política militar israelí en Gaza, pero pese a ello, la política de compras y mantenimiento de Elbit en Colombia ha continuado sin cambios visibles. Fuentes dentro de las Fuerzas Armadas han señalado que la naturaleza de los productos de Elbit, complejos y sin competencia real, hace que la cautela y discreción sean la norma en estos contratos.
La plataforma está operando desde Bogotá, apoyada por más de 700 estaciones de monitoreo instaladas en el país. Según la ley colombiana, su uso debe ser bajo estricta orden judicial, lo que pone en la lupa temas de privacidad y legalidad frente a la magnitud del sistema.
La operación Puma refleja un avance en la digitalización del control y la inteligencia en Colombia, con tecnología israelí en el centro de esta transformación, en medio de debates sobre ética y derechos civiles.
