Desde septiembre, Estados Unidos ha lanzado siete ataques militares en el mar Caribe contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas hacia su país. El saldo oficial: cerca de treinta muertos y dos sobrevivientes devueltos a sus países, uno colombiano y otro ecuatoriano.
El presidente Donald Trump anunció el sábado la devolución de estos dos hombres para ser procesados en Colombia y Ecuador. Uno de ellos, identificado por el ministerio del Interior colombiano como Jeison Obando Pérez, llegó a Colombia con heridas graves tras un ataque contra un submarino que, según EE.UU., transportaba fentanilo.
Estos ataques, realizados bajo la justificación de un “conflicto armado” contra el narcotráfico, se han producido en aguas internacionales, pero no se han presentado pruebas que confirmen la versión de Washington sobre la identidad o nacionalidad de la mayoría de las víctimas.
Expertos en Derecho Internacional han señalado que estas acciones violan normas básicas: “Está prohibido matar a una persona aunque sea criminal. Esto es una pena de muerte fuera de un debido proceso”, advirtió Fabián Cárdenas, profesor en la Universidad Javeriana.
El especialista aclaró que, aun si fueran narcotraficantes con órdenes judiciales, Estados Unidos debería habernos capturado y procesado en territorio estadounidense, no ejecutar ataques letales en el mar ni devolver a los sobrevivientes sin proceso judicial propio.
Sobre la devolución directa, Cárdenas indicó que EE.UU. puede ampararse en que ningún país está obligado a aceptar extranjeros, pero dejó claro que el lugar de los ataques es clave. Si fue en aguas colombianas, las víctimas deben responder ante Colombia. Si fueron internacionales, la ley aplica según la nacionalidad o bandera de la embarcación. Esto aún no está aclarado.
El propio presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó la llegada de Obando, señalando que será procesado bajo las leyes nacionales. Su ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el sobreviviente llegó sedado y con respiración asistida.
Los interrogantes son varios: ¿Quiénes eran realmente las personas a bordo de las embarcaciones atacadas? ¿Qué pruebas tiene Estados Unidos para justificar estos ataques en aguas internacionales? ¿Qué mecanismos legales puede activar Colombia para solicitar esclarecimiento o reparaciones?
Un informe independiente y una comisión internacional fueron recomendados como primeros pasos para esclarecer los hechos. Sin embargo, la negativa de EE.UU. a someterse a tribunales internacionales complica cualquier proceso jurídico.
Cárdenas mencionó que la ruta más viable sería usar la Alien Tort Statute en tribunales estadounidenses para exigir responsabilidades o esclarecer lo ocurrido, pues “internacionalmente Estados Unidos está blindado”.
El episodio marca un punto complejo en la relación bilateral y levanta dudas sobre la legalidad y ética de la estrategia de Trump para luchar contra el narcotráfico en la región, con un costo de vidas que, hasta ahora, pocos pueden explicar.
