La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 24 de octubre la inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa, su hijo y el ministro Armando Benedetti en la llamada “lista Clinton”, un listado que bloquea activos y sanciona a personas y grupos relacionados con actividades que Washington considera una amenaza para su seguridad nacional, incluyendo el narcotráfico.
La designación se basa en órdenes ejecutivas vinculadas al combate contra el narcotráfico (E.O. 14059), y el Tesoro acusa que desde la llegada de Petro al gobierno la producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles récord, además de señalar que su administración permitió o no frenó a grupos criminales relacionados.
La inclusión implica bloqueo de bienes en EE.UU. y prohíbe que ciudadanos o empresas estadounidenses tengan relaciones comerciales con los designados. En la práctica, esta medida tiene efectos globales porque bancos internacionales y proveedores temen multas y sanciones, afectando cuentas bancarias, transferencias internacionales y contratos con multinacionales.
La medida complicó la escala técnica del avión presidencial en Madrid el 29 de octubre, donde proveedores de combustible dudaron en abastecer la nave por el temor a sanciones, según reportes.
Para Petro y su gobierno, este anuncio abre un frente diplomático delicado. Puede restringir la cooperación en seguridad con EE.UU., aumentar controles sobre la ayuda internacional y generar un fuerte impacto negativo en la reputación del país ante la comunidad internacional.
Dentro de Colombia, la medida dio munición a la oposición, que usa la sanción para criticar la política antidrogas y la gestión del gobierno frente a los vínculos con sectores cuestionados y con Venezuela. Algunos senadores y políticos la consideran la prueba internacional más fuerte de la pérdida de confianza en la administración de Petro.
OFAC permite solicitar la remoción de su lista a través de un proceso administrativo o judicial en EE.UU., pero las demandas suelen ser difíciles porque los tribunales suelen respetar las decisiones ejecutivas en materia de seguridad nacional.
Colombia tiene antecedentes en designaciones de OFAC contra narcotraficantes en los años 90 y 2000, pero es inusual que un jefe de Estado sea incluido en la SDN, aunque no sin precedentes.
El presidente rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que las autoridades colombianas han intensificado los decomisos de droga. Analistas legales señalan que la salida probablemente requerirá presión diplomática combinada con evidencias técnicas y posibles litigios que se extenderán en el tiempo.
