Fredy Orlando Quintero Mogollón, exalcalde de Chitagá y actual subdirector general de la Unidad para las Víctimas, volverá esta semana a la justicia por presuntos vínculos con el grupo guerrillero ELN, específicamente con el frente Efraín Pabón. Según fuentes judiciales, Quintero estaría implicado en una red de colaboradores del frente armado.
Quintero ya fue juzgado en 2020 por este mismo caso. En ese entonces fue enviado a prisión, pero logró evadir la medida con un recurso de su defensa que argumentó falta de mérito para la privación de la libertad. En este nuevo proceso, al menos 18 exguerrilleros y civiles han testificado y aportado evidencias que reavivan el expediente judicial contra él.
La pesquisa cobra relevancia nacional por tratarse de un funcionario que maneja un presupuesto superior a 165.000 millones de pesos destinados a atención de más de 82.000 víctimas de desplazamiento forzado en Norte de Santander, región golpeada, además, por una escalada violenta en Catatumbo desde el pasado 16 de enero.
Desde la Unidad se confirmó que Adith Rafael Romero, director de la entidad, delegó la ordenación del gasto sin límites a Quintero en septiembre, y que por ahora el subdirector seguirá en su cargo hasta nuevas órdenes. Intentos de este medio para obtener declaraciones oficiales no prosperaron más allá de esa confirmación.
El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, Olguin Mayorga, pidió que Quintero dé un paso al costado mientras avanza la investigación.
“No es justo que los dineros de las víctimas estén en manos de alguien señalado por alianzas con nuestros victimarios”,
sostuvo Mayorga, quien además exigió a las autoridades nacionales y regionales blindar estos recursos.
Sobre la atención a los afectados por el conflicto en Catatumbo, Mayorga dijo que la ayuda local es la más significativa, pese a ser insuficiente, y criticó la limitada respuesta del gobierno nacional a través de la Unidad para las Víctimas. Resaltó que promesas hechas bajo el Estado de Conmoción Interior no se han cumplido y que el apoyo central sigue siendo insuficiente.
Este nuevo juicio contra un alto funcionario en una entidad clave para las víctimas levanta alarmas en una región donde la presencia guerrillera y la violencia permanecen vigentes, y donde la transparencia en la administración de recursos es vital para la crisis humanitaria.
