Valledupar – Saulo José Posada Chacín, joven del barrio San Martín, es una de las 13 víctimas de desaparición forzada que el Batallón de Artillería No. 2 La Popa ejecutó y presentó luego falsamente como bajas en combate, según confirmó la magistrada Ana Manuela Ochoa.
Su hermana, Alexandra Chacín, relató frente a la iglesia de San Martín que Saulo desapareció después de jugar fútbol en el parque del barrio, donde se crió. “Su último día fue aquí, jugando, antes de ser interceptado y llevado por miembros del Batallón La Popa”, dijo. Tras su desaparición, el acto de crueldad continuó: su cuerpo fue enterrado y luego sustraído de la tumba. Hasta ahora su paradero es desconocido.
“No sabemos dónde están sus restos y nadie nos ha dado respuestas claras. La desaparición del cuerpo fue planeada”, denunció Alexandra.
Saulo sirvió en el ejército pero se retiró. Su hermana aseguró que le contaba sobre el maltrato físico y emocional dentro de la institución. Después trabajó como taxista, albañil y apoyó a su familia. Su destino cambió en manos de quienes fueron sus excompañeros militares. Un señalado, alias Naranjo, reconoció su identidad en audiencia, pero el resto de la verdad sigue oculta.
El caso está incluido en el macrocaso del Batallón La Popa ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El 18 de septiembre de 2025 la JEP sentenció a 12 exmilitares por ejecuciones extrajudiciales, incluyendo desapariciones forzadas como la de Saulo.
La JEP aprobó una orden para la búsqueda activa y sistemática de los cuerpos de las 13 víctimas desaparecidas administrativamente, un patrón criminal diseñado para ocultar las ejecuciones ilegales. El Estado colombiano deberá coordinar con autoridades locales y la comunidad internacional para localizar y entregar los restos, además de continuar las investigaciones para esclarecer responsabilidades y garantizar que no vuelva a suceder.
Alexandra Chacín reclama justicia y verdad sin buscar cárcel para los responsables.
“Queremos que digan la verdad, que cuenten qué pasó, dónde están los cuerpos. No pedimos cárcel, solo verdad y reparación”, dijo con indignación.
Añadió que mientras los victimarios reciben beneficios, familias como la suya siguen esperando respuestas. “Estamos cansados de la burla y la impunidad”.
Este caso revive el drama de muchas familias en Colombia que sufren la pérdida y la incertidumbre tras años de conflicto armado y graves violaciones a los derechos humanos.
