La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió este martes a la carta enviada por la fiscal Lucy Marcela Laborde, quien manifestaba preocupación por su independencia en la investigación contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro.
La polémica estalló tras la expedición de la Resolución 33 del 8 de septiembre de 2025, que designó una fiscal de apoyo al proceso liderado por Laborde. Según la fiscal delegada, esta medida podría interpretarse como una interferencia indebida o presión.
Camargo descartó tales afirmaciones. Aseguró que el nombramiento de una fiscal de apoyo es una práctica común en la Fiscalía, usada en casos anteriores sin objeciones, para brindar acompañamiento y asesoría jurídica.
“La designación de una fiscal de apoyo no tuvo por finalidad socavar su autonomía e independencia, sino sólo poner a su disposición mayores herramientas para la realización de sus deberes”, dijo Camargo.
Tras el rechazo de Laborde a esta figura y a recibir asesoría, la fiscal general ordenó revocar la resolución y reasignar el caso a otra funcionaria, decisión formalizada el 22 de septiembre por la Delegada contra las Finanzas Criminales.
Camargo también se refirió a la denuncia de Laborde sobre una reunión convocada por la Dirección contra la Corrupción, en la que supuestamente fue incluida sin autorización. La fiscal general aclaró que la convocatoria fue a solicitud de quien está a cargo de ese despacho y que su oficina solo supo de la inconformidad a través de medios de comunicación.
En su defensa, Camargo reiteró su compromiso con la independencia fiscal:
“No existe ni existirá durante mi administración ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los fiscales. Creo firmemente en la capacidad, experiencia y conocimiento de los funcionarios de la entidad”.
Finalmente, destacó la trayectoria de Laborde y su confianza en que seguirá representando dignamente a la Fiscalía. La investigación contra Nicolás Petro es un caso de alto perfil que ha generado expectativa política y social, dada la relación directa con el presidente de Colombia.
Con esta respuesta, la Fiscalía busca calmar tensiones internas y reafirmar que no hay manipulación en los procesos judiciales sensibles. Por ahora, el proceso sigue bajo nueva supervisión, sin mayores alteraciones confirmadas.
