La Fiscalía General de la Nación avanza en la judicialización de Jairo Samuel Páez Muñoz, de 30 años, señalado como autor del feminicidio de Yolanda Estefany Arias Santos, de 25 años, cuyo cadáver fue encontrado la madrugada del domingo 28 de septiembre en La Manga.
El crimen, que conmocionó a la comunidad, habría sido cometido por la pareja sentimental de la víctima. La Fiscalía confirmó que cuenta con material probatorio clave, incluyendo dos cartas halladas en la motocicleta que Páez usaba para huir. En ellas, el presunto asesino confiesa el crimen y pide perdón.
El hermano de Yolanda, Jainer Arias, localizó a Páez en el corregimiento de Salgar gracias al GPS de la moto y encontró las cartas donde el sospechoso manifiesta arrepentimiento y una posible intención de suicidarse. Esto fortaleció el caso, pues inicialmente existía preocupación de que el hombre quedara libre por falta de captura en flagrancia.
Tomás Arias Cantillo, tío de la víctima, relató a este medio que la familia está destrozada. Describió a Yolanda como una mujer alegre, dedicada a su hija y con múltiples proyectos, entre ellos continuar sus estudios en estética y belleza. “Ella amaba a su familia y su hija, dejó un hueco imposible de llenar”, expresó con voz quebrada.
El tío también mencionó indicios previos de celos obsesivos por parte del agresor, que aunque no mostró violencia abierta, tenía comportamientos sospechosos como dejar de trabajar para vigilar a Yolanda o regresar de madrugada a la casa para controlar sus movimientos.
“Él no mostraba ser violento, pero sus celos eran enfermizos; de haber sabido antes, esto quizá no hubiera pasado”, afirmó Tomás Arias.
El cuerpo de Yolanda fue hallado en una habitación del Hotel Walkiria II, en el barrio El Prado. Su muerte ha despertado temor en la familia por la posibilidad de que no se haga justicia, por eso insisten en que la Fiscalía actúe con rigor para evitar impunidad.
La Fiscalía trabaja en la legalización de la captura y preparo la judicialización del acusado. Mientras, la familia espera que se garantice la aplicación de la ley para que el caso no quede en la impunidad.
