La Fiscalía General de la Nación firmó la Resolución 376 que muda y reorganiza a más de 80 fiscales de la dirección anticorrupción hacia regiones del país, generando alerta por posibles atrasos en procesos clave contra la corrupción.
La movida se enmarca en la estrategia de la fiscal Luz Adriana Camargo de descentralizar la justicia y atender casos desde las zonas donde ocurren los delitos. Sin embargo, funcionarios advierten que esta transición pondrá en riesgo investigaciones en curso, que podrían paralizarse meses mientras los fiscales reasignados revisan miles de documentos para retomar las causas.
Entre los casos que mantendrán su equipo asignado se destacan las investigaciones sobre las “chuzadas” a Marelbys Meza, las vinculaciones a la campaña Petro Presidente 2022 y el escándalo conocido como “Papá Pitufo”. Pero el resto deberá soportar un proceso complejo de transferencia.
El nuevo modelo divide la dirección anticorrupción en cinco regiones y cataloga investigaciones en áreas como corrupción en salud, administración de justicia, electoral e impacto territorial. Esta segmentación busca “facilitar la comprensión de crímenes organizados y economías ilícitas que los financian”, según la resolución.
Fiscales de Bogotá, tradicional epicentro de estos casos, cuestionan la lógica de los traslados cuando la capital concentra gran parte de la criminalidad de alcance nacional. La Fiscalía defendió que la reorganización consideró experiencia y carga laboral, además de las necesidades detectadas en ciudades como Villavicencio, Cali, Barranquilla y Medellín.
Uno de los puntos más controversiales es que, tras la reestructuración, los procesos se asignarán mediante un “sistema aleatorio y automático” para evitar favoritismos, aunque funcionarios dudan del impacto real, puesto que antes la mayoría de casos se asignaba directamente por orden del fiscal general u otras dependencias especiales.
La unidad de delitos electorales fue reducida según la resolución de siete a tres fiscales, si bien desde la Fiscalía aseguran que pasará a tener entre cinco y siete fiscales con presencia en varias regiones. Esta contradicción aumenta la incertidumbre en vísperas de elecciones nacionales.
Funcionarios anticipan que los términos judiciales correrán mientras los despachos están inactivos y advierten que “los corruptos celebran esta reorganización”, pues temen que los retrasos faciliten la impunidad.
La línea oficial insiste en que no habrá suspensión en el trámite de procesos, pero el ambiente interno es de conflicto. El cambio intenta descentralizar y mejorar la cobertura, pero por ahora multiplica las dudas sobre la eficacia y el futuro de la lucha anticorrupción en Colombia.
