La Fiscalía General de la Nación firmó esta semana la resolución 376 que desencadenó un cambio radical en su Dirección Especializada contra la Corrupción. Más de 80 fiscales fueron trasladados y reasignados en una estructura regional dividida en cinco zonas. La estrategia, explicó la fiscal Luz Adriana Camargo, busca descentralizar el trabajo y llevar la justicia a las regiones.
El movimiento afecta casos de alto perfil, aunque la Fiscalía aseguró que procesos prioritarios como las investigaciones sobre las “chuzadas” a Marelbys Meza, la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y el llamado escándalo de Papá Pitufo seguirán en poder de los fiscales actuales. Sin embargo, el resto de casos entrarán en un proceso de transición que puede generar retrasos significativos.
Funcionarios consultados por SEMANA advierten que el cambio de despacho y fiscal creará cuellos de botella y paralizará decisiones por meses. “Pasarán meses antes de que se vuelvan a conocer decisiones”, señalan, advirtiendo que el traspaso obliga a los nuevos fiscales a leer miles de páginas y entender casos complejos, mientras avanzan los términos legales.
La resolución ordena que la Dirección se reorganice por regiones y divida el trabajo en enfoques especializados: corrupción en salud, Administración de Justicia, delitos electorales y crímenes con impacto nacional y territorial. Para ello, la Fiscalía estableció un sistema aleatorio y automático para asignar expedientes y evitó que los procesos queden a discreción de jueces o fiscales.
Pese a esto, surgió confusión y criticas internas porque esta descentralización obliga a los fiscales a trabajar lejos de Bogotá, donde tradicionalmente se concentran las investigaciones de alto impacto nacional. Algunos funcionarios señalan que regresar a ciudades regionales pone en riesgo tanto a fiscales como a los expedientes, una práctica que había sido descartada hace un par de años.
En el caso particular de delitos electorales, según la resolución el número de fiscales bajaría de siete a tres, aunque la Fiscalía aseguró a SEMANA que pasará de cinco a siete despachos distribuidos en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Villavicencio para fortalecer este frente clave a menos de dos años de nuevas elecciones.
La Fiscalía defendió que selección y traslado de fiscales obedecen a diagnósticos rigurosos sobre carga laboral y experiencia. Sin embargo, los funcionarios temen que este cambio provoque retrasos irremediables en casos donde la presión del tiempo es crucial para evitar que los investigados se beneficien de dilaciones.
La reestructuración pone sobre la mesa el reto de balancear la agilidad en investigaciones anticorrupción con el intento de aproximar a la justicia a las regiones. Por ahora, abogados y expertos en derecho siguen de cerca el impacto de esta movida sobre casos que involucran a políticos, funcionarios públicos y grandes contratistas.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre los plazos y la reasignación golpea la confianza en la capacidad del sistema para enfrentar la corrupción desde el centro mismo de la justicia colombiana.
