El presidente Gustavo Petro dio la orden clara: el Ministerio de Minas y Energía comenzará desde noviembre a comprar directamente el oro producido en las regiones de Colombia.
La medida busca combatir la ilegalidad y las mafias que controlan el sector, que hoy genera 70 toneladas de oro al año, valoradas en más de 4.000 millones de dólares, de las cuales el 80 % proviene de explotaciones informales o ilegales. Esto causa pérdidas de regalías por cerca de 5 billones de pesos.
En su cuenta en la red social X (antes Twitter), Petro fue duro con el Banco de la República por vender oro colombiano y no comprar localmente, calificándolo como un “gran descalabro financiero” mientras los precios del metal llegan a niveles históricos, por encima de 4.300 dólares la onza hace pocos días.
“He ordenado al ministerio de minas que compre las empresas de oro de la SAE e inicie de inmediato compra de oro en las regiones productoras de Colombia, titular masivamente pequeños mineros y sacar las mafias del oro. O se legalizan o salen”
El ministro de Minas, Edwin Palma Egea, confirmó la puesta en marcha de la compra directa a pequeños mineros organizados y enfatizó que esta medida beneficiará inicialmente a unas 7.400 personas en cooperativas, aunque se debe ampliar a cerca de 350 mil mineros informales y de subsistencia.
Palma lamentó que el Congreso no aprobara la creación de Ecominerales, la empresa estatal que regularía el mercado y ayudaría a combatir la ilegalidad, pero aseguró que el Gobierno sigue avanzando en coordinación con la SAE, Dian, ANM y el Ministerio de Hacienda.
Con la ejecución de esta política, las empresas de oro incautadas y puestas en extinción de dominio servirán para fortalecer cooperativas de mineros legales, dándoles “alto valor social”, explicó el ministro.
Los precios del oro volvieron a bajar esta semana, cotizándose a 3.974,66 dólares por onza, luego de la expectativa por un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que calma la guerra arancelaria, hecho que mantiene alerta al sector.
Esta es una apuesta del Gobierno para formalizar el trabajo artesanal y de pequeña escala, aumentar ingresos para el Estado y, sobre todo, acabar con las mafias que desde hace años controlan la producción ilegal de oro en Colombia.
