“No tenemos líneas rojas, buscamos nuevas oportunidades para avanzar en la paz”
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, se reunió este miércoles con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en la sede de la Gobernación para discutir la posibilidad de abrir diálogos sociojurídicos con las bandas criminales ‘Pepes’ y ‘Costeños’ tras el reciente pacto firmado en la cárcel La Picota.
Patiño afirmó que desde el Gobierno de Gustavo Petro existe una gran preocupación por el aumento de amenazas y violencia en Barranquilla y su área metropolitana, motivo por el cual se quiere fortalecer la capacidad institucional para enfrentar a estos grupos ilegales.
“La idea es que antes de finalizar el año se pueda avanzar y que los ilegales retrocedan para que la institucionalidad ocupe esos espacios”,
indicó el funcionario.
El proceso de diálogo buscará incluir activamente a las víctimas para convertirlas en “fuerzas de paz” que presionen por el respeto a sus derechos, la no repetición de la violencia y contra la impunidad. Según Patiño, los procesos tienen componentes sociales, políticos y jurídicos y lo prioritario es la implementación de los acuerdos, no solamente firmarlos.
“Nosotros no tenemos líneas rojas, es un lenguaje en desuso. Esto nos abre nuevas oportunidades para que estos actores se integren con la institucionalidad en la paz”,
subrayó.
Por su parte, el gobernador Eduardo Verano explicó que se trabaja junto con la Oficina del Comisionado de Paz en la hoja de ruta para buscar acercamientos con estas organizaciones ilegales, responsables del 80 % de homicidios y extorsiones en el departamento.
“Queremos bajar sustancialmente esos índices de criminalidad y lo haremos con los parámetros del nivel nacional,”
dijo Verano.
Mientras el proceso avanza, el mandatario aseguró que fortalecerán a la Fuerza Pública con tecnología y apoyo permanente para mantener la seguridad en el Atlántico.
Este es un paso clave en la estrategia del Gobierno para contener la influencia de las bandas delincuenciales en la región, un problema que afecta a miles de ciudadanos a diario y que exige combinación de diálogo y control institucional.
