La JEP confirmó fuertes conexiones entre el Batallón La Popa, paramilitares y terratenientes del Cesar en los crímenes contra líderes indígenas Arhuacos en 1990.
En la audiencia del 30 de septiembre, se expuso que la finca Betania, propiedad de Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, se usó como centro de detención y tortura de mamos Arhuacos. El capitán retirado Pedro Antonio Fernández Ocampo admitió que allí se torturó y se mantuvo retenidos a indígenas antes de ser asesinados.
“El día 30 de noviembre se hizo entrega de los indígenas en la finca Betania, donde permanecieron hasta el 1 de diciembre, cuando fueron sacados y asesinados por órdenes de la cadena de mando que conectaba al batallón con estructuras paramilitares y actores civiles poderosos”, dijo Fernández Ocampo.
Testimonios también vincularon a la familia Mattos como patrocinadora de grupos armados ilegales y responsables de aportar apoyo logístico y territorial. Además de Restrepo, fueron mencionados José Mattos y Carlos Mattos.
El proceso judicial busca verificar el cumplimiento del régimen de condicionalidad de militar retirados acusados de desaparición, secuestro, tortura y asesinato de tres mamos y dos indígenas más. Algunos reconocieron su participación parcial, como el mayor Hernán Carrera Sanabria, quien admitió haber sujetado víctimas durante la tortura, pero otros negaron responsabilidades totales.
“Yo participé en la tortura de los hermanos Villafañe. Los sujeté mientras eran interrogados bajo tortura por otros miembros de la fuerza pública”, confesó Carrera Sanabria.
En contraste, el coronel Rafael Mejía y otros señalaron contradicciones en sus testimonios y negaron responsabilidades directas, lo que generó críticas por parte de las víctimas y sus abogados.
Germán Romero, representante legal de las víctimas, denunció una estrategia para dividir responsabilidades y proteger a los altos mandos: “No nos van a engañar con argumentaciones divididas. Aquí está presente un aparato criminal que usaba al ejército para desaparecer y torturar a los indígenas en alianza con paramilitares y poderosos terratenientes”.
Las autoridades indígenas Arhuaco, junto a comunidades Wiwa, Kankuamo y Kogui, denunciaron la ausencia del Estado y la impunidad sistemática. Reclaman el proceso no sólo como judicial sino como un acto de supervivencia cultural, autonomía y reparación espiritual tras más de 30 años.
El abogado Michael Manrique explicó que estos crímenes fracturaron la unidad política y espiritual de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada, que aún sienten el impacto de los asesinatos de los mamos Luis Napoleón, Ángel María y Antonio Jugüés.
Por presunto incumplimiento del deber de verdad, la JEP mantiene abierto un incidente que podría derivar en la exclusión de algunos comparecientes del sistema transicional. El procurador de derechos humanos advirtió que “del silencio y la negación se construye la impunidad”.
Para las víctimas, esta audiencia es una oportunidad para visibilizar su dolor y pedir justicia real. “Esperamos que esta jurisdicción no se quede en palabras, sino en decisiones que reconozcan verdad y responsabilidad”, afirmó una autoridad indígena.
