El sistema de justicia en Colombia enfrenta una crisis profunda que afecta su capacidad para responder a la demanda ciudadana. La saturación de casos, la falta de recursos y la corrupción han convertido los procesos judiciales en un laberinto lento y poco efectivo.
La demora para resolver procesos es una constante. Muchos jueces y fiscales tienen cargas de trabajo tan altas que el acceso a la justicia termina siendo casi imposible para buena parte de la población. A esto se suma la ausencia de herramientas adecuadas para investigar y sustentar los casos, especialmente en delitos complejos como el narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El panorama empeora por las amenazas, la intimidación y hasta asesinatos de miembros del Poder Judicial. Este flagelo desmotiva la labor y pone en riesgo la independencia de jueces y fiscales. Además, la corrupción sigue socavando la confianza ciudadana, recordando escándalos como el “cartel de la toga”, una red que involucró a miembros de las altas cortes.
Expertos y sectores sociales reclaman con urgencia reformas que reduzcan la congestión judicial. Propuestas en discusión incluyen fortalecer las casas de justicia y los jueces de paz como mecanismos alternativos para resolver conflictos sin llegar a los tribunales.
También se apunta a modernizar el sistema con herramientas digitales y el uso de inteligencia artificial, que podrían acelerar sentencias y descongestionar juzgados. Sin embargo, todo este avance requiere además un compromiso político firme.
Con la campaña presidencial y legislativa en marcha, aumenta la presión para que los candidatos presenten propuestas claras y efectivas. La justicia colombiana no puede seguir cojeando ni llegar tarde; debe operar con rapidez y contundencia contra la corrupción y el crimen organizado.
Por ahora, el gran reto es convertir el discurso en acciones concretas que permitan un sistema judicial ágil, seguro y confiable para todos los colombianos.
