La Corte Constitucional emitió una dura advertencia a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por dejar sin protección adecuada a tres líderes sociales y defensores de derechos humanos que acudieron a la tutela tras la suspensión o modificación de sus esquemas de protección.
El magistrado ponente Miguel Efraín Polo señaló que la UNP vulneró derechos fundamentales al no fundamentar debidamente sus decisiones administrativas ni realizar un análisis riguroso y actualizado sobre las amenazas y riesgos reales que enfrentan estas personas.
La Corte dejó claro que los estudios de riesgo deben ser técnicos, individualizados y basados en un examen constante del contexto del beneficiario. Para los líderes sociales y exfuncionarios públicos en riesgo, el Estado tiene un deber especial reforzado de protección, y no basta con análisis genéricos o formales.
Además, se evidenció que la UNP modificó o retiró los esquemas sin considerar amenazas posteriores ni hechos intimidatorios que afectaron la seguridad de los accionantes, lo que fue condenado por la alta corte.
Por ello, la Corte ordenó que se hagan nuevos estudios de riesgo para estos tres casos de forma urgente y que mientras no se emitan decisiones fundamentadas, se mantengan vigentes las medidas de protección para garantizar la seguridad de las personas implicadas.
Este fallo busca que el Estado cumpla con su responsabilidad en proteger a quienes están expuestos a peligros por su trabajo en defensa de comunidades, un grupo prioritario en el país debido a la violencia que enfrenta. La decisión espera mejorar los procesos administrativos de la UNP y evitar que más líderes sociales queden vulnerables ante amenazas.
