El Juzgado Tercero Penal de Medellín ordenó iniciar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en los asesinatos de dos destacados defensores de derechos humanos en la década de los 90.
Los casos son los homicidios de Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, asesinado el 27 de febrero de 1998, y de Eduardo Umaña Mendoza, ocurrido el 18 de abril del mismo año en Bogotá.
La decisión judicial se tomó en el marco de la condena contra José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su responsabilidad en el secuestro de la senadora Piedad Córdoba. En ese proceso, surgieron testimonios que vinculan a los hermanos Uribe con la planificación de los asesinatos de los abogados.
Un exparamilitar, Francisco Enrique Villalba Hernández, declaró que en 1997 hubo una reunión en la finca La Marranera donde se decidió “callar” a Jesús María Valle, Eduardo Umaña y el periodista Jaime Garzón, señalando directamente a los hermanos Uribe y a integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como quienes dieron “mayor impulso” a esos crímenes.
“La orden que dieron fue que esas personas tocaba callarlas para que no molestaran más”, dijo Villalba, y agregó que Álvaro Uribe exponía que los abogados “tenían que ser callados antes de que la Corte Interamericana nos viniera encima por los derechos humanos”.
Las masacres de El Aro, La Granja y San Roque y el entramado de paramilitarismo y fuerzas militares en Antioquia fueron denunciadas por Valle Jaramillo en repetidas ocasiones, acusando omisión y complicidad de la Cuarta Brigada del Ejército y autoridades locales durante el gobierno de Uribe, entonces gobernador de Antioquia.
Una larga historia de ataques y amenazas previó los crímenes. Eduardo Umaña, conocido por defender víctimas de violencia estatal y exponer la infiltración paramilitar en el DAS, denunció en febrero de 1998 el riesgo contra su vida. Fue asesinado dos meses después, con métodos y agresores ligados a la banda criminal La Terraza.
Ambos homicidios han sido declarados crímenes de lesa humanidad por la Corte Suprema y la justicia colombiana. Sin embargo, los familiares denuncian que la justicia ha sido lenta para aclarar responsabilidades políticas y militares detrás de ellos.
El documento judicial que ordena la investigación contra Uribe y su hermano se nutre además de indicios obtenidos en procesos judiciales por paramilitarismo y filtración de inteligencia estatal, que vinculan a exmandos militares y funcionarios de policía con grupos criminales.
Los hermanos Uribe, por su lado, han negado toda relación con los asesinatos y han solicitado que las investigaciones se desarrollen con rapidez y transparencia.
Ahora el Juzgado de Medellín deberá avanzar en la recolección de pruebas y testimonios que permitan definir el grado de participación de los Uribe Vélez en el asesinato de los defensores de derechos humanos que marcaron la historia reciente de Colombia.
