El presidente Gustavo Petro fue incluido esta semana en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de EE.UU., pero esto no afectará su pensión ni sus contratos estatales en Colombia.
Según el abogado constitucionalista Andrés Felipe Velásquez, el salario de Petro se paga desde un rubro directo en el Ministerio de Hacienda, por lo que no habrá cambios en ese aspecto. El problema está en que los bancos colombianos podrían cerrar las cuentas del mandatario por su inclusión en el listado, lo que obligaría al Estado a pagarle en efectivo o mediante cheques.
“La Presidencia podría pagarle por cheques para que él, por interpuesta persona, los cobre por ventanilla o los consigne en la cuenta de un tercero”, explicó Velásquez.
El socio del bufete Holland & Knight, Camilo Cuervo, añadió que Petro podría recibir esos pagos en nombre suyo a través de familiares o terceros sin violar la ley.
Respecto a su sistema pensional, Velásquez aclaró que la medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no tiene jurisdicción sobre Colpensiones o cualquier otro régimen de pensiones colombiano, por lo que Petro conservará su derecho a cotizar y a recibir pensión sin impedimentos.
En cuanto a su capacidad para firmar contratos estatales, los expertos coinciden en que Petro mantiene todas sus facultades mientras no haya una causa constitucional para suspenderlo. Sin embargo, habrá complicaciones si algún contrato involucra pagos a través del sistema financiero internacional, especialmente con EE.UU.
“La inclusión en la lista afecta a Petro como persona, no a las instituciones que representa”, dijo Cuervo, enfatizando que es una sanción personal y no institucional.
Petro no es el único colombiano en el listado, que también incluye a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.
La lista está diseñada para congelar activos y bloquear transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses, lo que aislaría políticamente al mandatario y dañaría su reputación internacional, aunque no tiene automáticamente efectos legales sobre su administración en Colombia.
Expertos advierten que existe un riesgo de “contagio” si empresas estatales colombianas se perciben como beneficiarias directas del presidente, una situación que se ha visto en casos como Pdvsa en Venezuela.
Por ahora, Petro sigue en funciones y su equipo evalúa las alternativas para asegurar que sus finanzas personales y las operaciones del Estado no se interrumpan por el bloqueo financiero impuesto por EE.UU.
