La Unión Europea no obliga a España a convertir en empleados fijos a los interinos que llevan años encadenando contratos temporales en la Administración pública, pero sí exige que el Estado aumente significativamente las indemnizaciones que reciben cuando pierden su empleo por abuso en la temporalidad.
El Abogado General de la UE, Rimvydas Norkus, emitió este jueves un dictamen que respalda la normativa española que exige que los empleados públicos temporales pasen oposiciones para acceder a un puesto fijo. Esa exigencia está acogida en la Constitución española y sujeta al mérito, capacidad e igualdad de acceso, principios que, según Norkus, no chocan con el derecho comunitario.
“El Tribunal de Justicia de la UE jamás ha pedido ni sugerido convertir en funcionario a alguien sin que supere el proceso selectivo correspondiente”, indicó Norkus, apoyando la postura del gobierno español y de sus tribunales. La decisión frenará a corto plazo las demandas de interinos que reclaman la transformación automática de sus contratos temporales en fijos.
Sin embargo, el Abogado General es muy crítico con las indemnizaciones actuales para quienes sufren abuso de temporalidad. En España, esos pagos alcanzan hasta 21 días por año trabajado y un máximo de 12 meses, pero para la UE son insuficientes para reparar el daño causado.
“Ni una indemnización de 20 días por año con tope de 12 meses, ni la de 33 días por año y 24 meses reconocida en despidos improcedentes, garantizan reparación adecuada por abusos duraderos”, puntualizó Norkus.
El dictamen es una valoración previa a la decisión final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá resolver sobre el caso más adelante. Aunque no es vinculante, suele influir en la sentencia definitiva.
En este contexto, España seguirá exigiendo que los interinos accedan a un puesto fijo por oposición, pero podría enfrentar presión para mejorar las compensaciones económicas para quienes encadenan contratos temporales durante años en la Administración pública.
La polémica sobre abuso en la temporalidad afecta a miles de empleados públicos en España y marca un precedente clave para los derechos laborales en la Unión Europea.
