El magistrado Héctor Carvajal solicitó formalmente a la Sala Plena de la Corte Constitucional que rechace la recusación interpuesta por la senadora Paloma Valencia, que busca apartarlo del debate sobre la legalidad de la reforma pensional.
Carvajal argumenta que la solicitud fue presentada fuera del plazo legal y que su imparcialidad no está comprometida. En una respuesta dirigida a sus colegas este 22 de octubre, renunció a los términos concedidos para presentar su informe y urgió a resolver el trámite “en el menor tiempo posible” dada la importancia del caso.
El magistrado explicó que la recusación es extemporánea porque llegó fuera de los plazos fijados por la ley. Además defendió que los conceptos jurídicos que emitió cuando fue contratista de Colpensiones no guardan relación con las actuaciones que actualmente analiza la Corte.
Carvajal detalló que en esos contratos evaluó la legalidad del trámite legislativo hasta la aprobación inicial de la norma. Pero la Corte ahora debe resolver aspectos formales posteriores, relacionados con correcciones hechas por el Congreso después de su desvinculación.
Según el magistrado, el debate actual es sobre subsanos de trámite y no sobre el fondo de la reforma. Agregó que si existiera un vicio sustancial, la Corte ya habría declarado la norma inexequible y no habría dado oportunidad a corregirla.
Este movimiento ocurre tras la decisión de la Sala Plena del 14 de octubre, que aplazó el debate de fondo para priorizar la recusación y abrir un trámite incidental —un juicio interno para verificar si Carvajal debe apartarse.
La recusación fue presentada por la senadora Paloma Valencia y el concejal Daniel Briceño, quienes alegan falta de imparcialidad del magistrado por sus contratos previos con Colpensiones, en los que elaboró conceptos jurídicos sobre la demanda de inconstitucionalidad que él ahora estudiará.
Tras la entrega de la defensa de Carvajal, el expediente pasará a los otros ocho magistrados, quienes deberán decidir si aceptan la recusación y lo apartan del caso o si la rechazan y lo reincorporan al debate.
Solo después de esta decisión el alto tribunal retomará el estudio de fondo para definir si la reforma pensional fue tramitada conforme a la ley en el Congreso, o si debe anularse por vicios de procedimiento.
