El Ministerio Público de Perú investiga a Juan José Santivañez, actual ministro de Justicia y exministro del Interior, por presuntas irregularidades en operativos policiales que habrían beneficiado a intereses privados ligados a la minera El Dorado en Ayacucho y a La Arenera La Molina S.A. en Lima.
La indagación, abierta en marzo de 2025, apunta a una red criminal que involucraría a mandos de la Policía Nacional y habría manipulado procesos administrativos para favorecer al empresario minero Franco Parodi, con pagos de hasta USD 160.000 para asegurar intervenciones policiales.
Entre los involucrados están el general Gregorio Villalón Trillo, exjefe policial en Junín, y el general Enrique Hugo Felipe Monroy, quien lideró los operativos en Lima para recuperar terrenos sin autorización judicial. La Fiscalía señala que estas acciones contaron con la participación directa de policías y civiles bajo el mando de abogados vinculados a Santivañez.
Vínculos con círculo cercano a la presidenta
El caso toca al círculo cercano de la presidenta Dina Boluarte. La Fiscalía allanó la casa de su hermano, Nicanor Boluarte, en el llamado Operativo Ícaro. Según la investigación, Santivañez logró beneficiar a Nicanor con un arraigo laboral ficticio en una minera para evitar medidas judiciales relacionadas con un proceso en curso llamado “Waykis en la Sombra”.
El abogado de la familia Boluarte, Luis Vivanco, negó cualquier vínculo con Santivañez y calificó la investigación como “un abuso y un acto innecesario”. Por su parte, el ministro de Transportes, César Sandoval, denunció una “persecución política” contra la presidenta, aunque un reciente fallo del Tribunal Constitucional ratificó la competencia del Ministerio Público para investigar al entorno presidencial.
Los delitos que se imputan incluyen tráfico de influencias, manipulación de procesos administrativos y organización de intervenciones policiales ilegales, afectando la integridad institucional de la Policía Nacional. La Fiscalía continúa con allanamientos y recolección de pruebas en diversas oficinas y domicilios vinculados a esta red.
El caso se desarrolla en un contexto de alta tensión política que podría complicar aún más la gestión del gobierno Boluarte, al involucrar a altos funcionarios y exmandos policiales en supuestos actos de corrupción.
