En Colombia, una normativa clave protege a los conductores frente a sanciones arbitrarias de agentes de tránsito. La ley 769 de 2002, vigente y poco conocida, limita las facultades de los policías durante retenes y revisiones vehiculares para garantizar procedimientos claros y legales.
Según esta norma, los agentes solo pueden exigir documentos o imponer multas si hay una infracción expresamente tipificada en el Código Nacional de Tránsito. Cualquier solicitud o sanción que no tenga sustento legal puede ser negada por el conductor, quien además puede dejar constancia de la irregularidad.
Además, todo procedimiento debe ser registrado oficialmente con número de comparendo y datos verificables del agente. Esto da transparencia y formalidad a los controles, previniendo abusos.
Prohibidas multas por motivos menores o accesorios
La ley prohíbe multas por defectos menores o elementos estéticos sin impacto en la seguridad vial. Por ejemplo, motociclistas que antes eran sancionados por luces decorativas, calcomanías o accesorios que no afecten la conducción, ahora podrán evitarlas. Solo serán multados si dichos elementos están expresamente prohibidos o representan un riesgo real.
Otro punto clave es la prohibición de que agentes retengan el vehículo para inspecciones técnicas de ruido o contaminación. En lugar de eso, el conductor debe recibir una boleta de citación para llevar el vehículo a un centro autorizado en un plazo máximo de 15 días. Si no cumple, se aplica multa y el vehículo puede quedar inmovilizado hasta que se corrija.
También es derecho del conductor exigir que el agente se identifique plenamente mostrando placa y documento oficial. Si el agente no cumple, el procedimiento puede invalidarse.
Las autoridades locales de tránsito deben capacitar a sus agentes para evitar malas interpretaciones y asegurar que las sanciones se apliquen dentro del marco legal. De igual forma, la ciudadanía debe conocer sus derechos para defenderse y exigir revisiones transparentes.
Este cuerpo legal otorga a los conductores una herramienta efectiva para frenar abusos de autoridad y asegurar que los controles respeten la ley sin multas arbitrarias ni procedimientos irregulares.
