El Consejo de Seguridad de la ONU decidió extender por un año más la misión de verificación en Colombia, pero excluyó del mandato la supervisión del capítulo étnico del Acuerdo de Paz y la justicia transicional bajo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La resolución fue aprobada por 13 de los 15 miembros, mientras Estados Unidos se abstuvo.
La decisión preocupa a sectores clave en Colombia. La vicepresidenta Francia Márquez criticó en su cuenta de X la medida y la calificó como un “retroceso significativo” en la paz con justicia para los pueblos étnicos. Recordó que en sus territorios sigue la violencia de grupos armados ilegales y que es “urgente proveer alivio humanitario”.
“La verificación internacional ha sido fundamental para fortalecer la participación de las comunidades y garantizar transparencia en el proceso”, señaló Márquez.
Por su parte, la embajadora Leonor Zalabata expresó que el gobierno colombiano lamenta la exclusión del capítulo étnico y la JEP, y advirtió que la implementación integral del acuerdo requiere un enfoque equilibrado para alcanzar la paz.
La Unidad de Restitución de Tierras emitió un comunicado donde manifiesta su “profunda preocupación”, resaltando que la decisión pone en riesgo los compromisos con pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos afectados por el conflicto armado. La entidad hizo un llamado a las comunidades a defender el capítulo étnico, pilar para garantizar paz con verdad y reparación.
El cambio en el mandato de la ONU marca un giro en el acompañamiento internacional. Esta es la primera vez que Estados Unidos no respalda plenamente el mandato, lo que introduce tensiones políticas en la comunidad internacional sobre cómo avanzar en la supervisión del proceso de paz.
Hasta ahora, la misión verificaba el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Estado y las Farc en 2016, incluyendo la implementación de la justicia transicional y los derechos de los pueblos étnicos. La exclusión ahora deja sin supervisión internacional la parte del acuerdo que garantizaba justicia y participación a indígenas, afrocolombianos y campesinos.
El gobierno de Colombia reafirmó que no desistirá de aplicar el capítulo étnico y la justicia especial para la paz, aunque ahora lo hará con menos vigilancia internacional.
El conflicto armado sigue activo en territorios étnicos, donde los grupos ilegales mantienen presencia. Expertos y liderazgos sociales han alertado que el debilitamiento del seguimiento puede afectar la protección de estas comunidades y la entrega de apoyo humanitario.
La decisión se conoció al cierre de octubre 2025 y abre un debate político interno y externo sobre el futuro de la supervisión de uno de los puntos más sensibles y olvidados del Acuerdo de Paz.
