La senadora Paloma Valencia presentó una recusación formal para que el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño sea apartado del proceso de revisión constitucional de la reforma pensional contenida en la Ley 2381 de 2024.
La solicitud fue radicada el 18 de julio de 2024 bajo el número D-15989 y argumenta que Carvajal perdió imparcialidad por haber emitido conceptos jurídicos relacionados con la misma reforma durante su contrato con la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), entidad encargada de implementar la ley y parte interesada en el proceso judicial.
Valencia sostiene que aunque Carvajal fue nombrado magistrado del Senado en mayo de 2025 y asumió el cargo en julio, la fecha no esquiva que previamente se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma. Carvajal firmó dos contratos de asesoría jurídica con Colpensiones, el primero en mayo de 2024, donde elaboró conceptos sobre la demanda de inconstitucionalidad, y otro en febrero de 2025, en el que analizó la aplicación del artículo 76 de la ley.
Un informe de supervisión de Jorge Eliecer Morales Acuña, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Colpensiones, confirma que las asesorías de Carvajal incidieron directamente en aspectos constitucionales de la reforma pensional que ahora estudia la Corte Constitucional.
La senadora argumenta en el documento de recusación:
“La participación previa del magistrado Carvajal en la discusión sobre la reforma pensional se dio mientras estuvo vinculado como contratista con Colpensiones, entidad directamente involucrada en la implementación de la Ley 2381 de 2024 y que además intervino en el proceso judicial de referencia.”
Esta acción se suma a otras impugnaciones legales que Valencia ha presentado para detener la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. La controversia comenzó tras detectarse un vicio de trámite en el cuarto debate del proyecto en la legislatura de 2024, ordenando la Corte volver a etapas previas de discusión tras encontrar que el articulado no fue debatido completamente.
La recusación de Valencia se centra en la causal de “haber conceptuado sobre la constitucionalidad” de la norma por parte de un magistrado, un argumento reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para preservar la imparcialidad.
El caso será clave para definir la continuidad del magistrado Carvajal en la revisión de una reforma que afecta a millones de cotizantes del sistema pensional colombiano y que ha generado fuerte oposición en el Congreso y la sociedad.
