El presidente Gustavo Petro aceptó este jueves la orden judicial que le exigía retractarse por haber llamado “narcofiscal” al funcionario de la Fiscalía General, Mario Andrés Burgos Patiño. La decisión fue tomada luego de que el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificaran que las palabras del mandatario vulneraron los derechos al buen nombre, honor y dignidad del fiscal.
Petro reconoció explícitamente que Burgos tiene investigaciones en curso, pero aclaró que no posee condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias. “El fiscal Mario Andrés Burgos Patiño goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”, afirmó el presidente en cumplimiento de la orden judicial.
Pese a la retractación, el mandatario denunció una “censura institucional” y una contradicción entre esta orden y un fallo del Consejo de Estado del pasado 16 de septiembre, que le prohíbe dirigirse a la nación salvo en casos de urgencia.
“Una orden judicial que me exige hablar se enfrenta a otra que me ordena callar”, advirtió Petro.
El presidente cuestionó si es proporcional limitar su voz cuando se debate la transparencia de la justicia y recordó que el artículo 188 de la Constitución lo señala como símbolo de unidad nacional. Petro sostuvo que no puede quedar reducido al silencio cuando el país demanda comunicación fluida en busca de paz, seguridad, verdad e igualdad.
El señalamiento de “narcofiscal” hacia Burgos generó polémica y llevó al proceso judicial que ahora obliga a Petro a rectificar, aunque sin ocultar su descontento por la supuesta censura que afecta su rol como jefe de Estado.
La pugna legal deja en evidencia tensiones entre poderes y limita la libertad de expresión presidencial sobre temas judiciales delicados en Colombia.
