El presidente Gustavo Petro acusó directamente a Estados Unidos de cometer “ejecuciones extrajudiciales” tras recientes bombardeos contra lanchas sospechosas de narcotráfico en el Océano Pacífico, un pronunciamiento que tensó aún más las relaciones entre Bogotá y Washington.
En una rueda de prensa en la Casa de Nariño, Petro dijo que las operaciones militares usan “una fuerza desproporcionada” y violan el Derecho Internacional Humanitario, incluso si los tripulantes estuvieran vinculados a las drogas. Criticó que tildar a estos hombres de narcotraficantes es erróneo: “Son instrumentos del narcotráfico, como los campesinos que son usados por grupos armados.”
El mandatario fue aún más duro al afirmar que uno de los ataques ocurrió en aguas territoriales colombianas, lo que calificó de violación a la soberanía nacional. Dijo que un hombre abatido, Alejandro Carranza, pescador de Santa Marta, no tenía nexos con narcotraficantes y que su lancha estaba a la deriva por fallas mecánicas cuando fue atacada.
Petro sugirió que el objetivo real de los ataques no es la lucha antidrogas, sino “controlar América Latina” y “obtener petróleo barato de Venezuela,” apuntando al interés estratégico de EE.UU.
La respuesta desde Washington fue inmediata y agresiva. El entonces presidente Donald Trump llamó a Petro “matón” y “líder narcotraficante ilegal”. Colombia reaccionó retirando a su embajador en EE.UU., profundizando la crisis diplomática.
En medio de la polémica, voces influyentes de Estados Unidos, incluyendo a los senadores Rand Paul (Republicano) y el representante Jim McGovern (Demócrata), se distanciaron públicamente de la política militar de Trump. Paul dijo en X que “no se vuelan barcos” frente a Miami y recordó que incluso los peores criminales tienen derecho a un juicio. Calificó los ataques como “ejecuciones sumarias”.
McGovern calificó los bombardeos con drones como ilegales según la ley internacional y advirtió que la estrategia de Trump estaba dañando gravemente las relaciones con Colombia.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia pidió formalmente a EE.UU. parar estos ataques y respetar el derecho internacional. La canciller Rosa Villavicencio trabaja para lograr un pronunciamiento regional que condene las muertes violentas causadas por los bombardeos, aunque reconoció que algunos países temen firmar la declaración.
Villavicencio explicó que la mayoría del tráfico de narcóticos ocurre por el Pacífico y que las embarcaciones atacadas no tenían rumbo directo a EE.UU., sino probablemente a destinos como Trinidad y Tobago.
Esta semana sigue escalando la crisis bilateral, con dudas sobre la legalidad y el impacto de la estrategia antidrogas estadounidense en el territorio colombiano y la región.
