El presidente Gustavo Petro rechazó el reciente fallo del Consejo de Estado que limita las alocuciones presidenciales en televisión nacional. La decisión se anunció tras que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) negara la solicitud de la Casa de Nariño, presentada el 15 de octubre, para transmitir un nuevo mensaje del mandatario.
“No se puede censurar al jefe de Estado. No están censurando solo a mí, sino a 11 millones de ciudadanos que me eligieron”, dijo Petro en declaraciones a RTVC. El presidente afirmó que su derecho a hablar por televisión se sustenta en la Constitución, que garantiza el acceso a información veraz y plural.
Petro añadió que los canales privados son concesionarios del Estado y utilizan un espectro electromagnético público. Según él, ese espectro debe estar disponible para el poder público cuando se requiera, lo que justifica sus intervenciones presidenciales en distintos medios.
Fallos y límites a las interrupciones en TV
La Sección Tercera del Consejo de Estado aclaró que la Presidencia ha abusado del recurso de las alocuciones, que interrumpen la señal de canales públicos y privados sin cumplir criterios de urgencia, esenciales para justificar la interrupción. El tribunal señaló que el uso actual de estas interrupciones afecta gravemente los derechos de información y el derecho constitucional a una programación libre.
El fallo impone varias medidas para futuros casos:
- No más de una alocución presidencial por semana.
- La Presidencia debe informar a la Comisión de Regulación de Televisión cuándo inicia y termina el mensaje.
- Se debe explicar claramente la urgencia que justifica la interrupción.
- Informar previamente a la CRC sobre la temática a tratar.
Además, cualquier nuevo salto en la parrilla será revisado por la Comisión de Regulación de Televisión y la Procuraduría. Esto busca evitar que la Presidencia utilice el espacio en televisión para mensajes reiterativos o no urgentes.
Hasta ahora, Petro no ha anunciado si acatará las nuevas restricciones. Su reclamo ante la censura llega en un contexto donde el manejo de la comunicación presidencial es foco de tensión entre el Gobierno y entes reguladores.
