El presidente Gustavo Petro generó controversia al elogiar públicamente la toma del Palacio de Justicia, una acción del grupo guerrillero M-19 que, según testimonios y pruebas históricas, habría sido financiada por el Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar.
Esta operación, ocurrida hace 40 años, es uno de los capítulos más dolorosos de la historia colombiana. El M-19 tomó por asalto el Palacio con la intención de convertirlo en un “juicio al Estado”, secuestrando a magistrados de la Corte Suprema y desatando un enfrentamiento armado que terminó en decenas de muertos entre civiles, empleados, soldados y jueces.
Fuentes, incluyendo declaraciones de la viuda de Escobar, Victoria Eugenia Henao, han confirmado que Escobar financió y armó la operación para destruir expedientes de extradición que pesaban sobre miembros del cartel. “Pablo pidió que quemaran los expedientes para la extradición”, dijo Henao en una entrevista.
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, ha reiterado que nunca se investigó a fondo el papel ni la financiación del narcotráfico en la masacre. La tragedia sigue sin verdad plena, y la memoria de las víctimas aún exige justicia.
En una grabación difundida por Infobae, Petro calificó la operación militar como “genial” y destacó la planificación de Luis Otero, uno de los líderes guerrilleros que dirigieron el ataque. Aunque luego intentó matizar sus palabras, el recuerdo de su elogio revive el debate sobre el significado y la ética de reivindicar acciones que dejaron heridas abiertas en el país.
“El M-19 profanó violentamente el templo de la justicia, tomó como rehenes a magistrados del más alto nivel… convirtió el Palacio en un campo de batalla”
Así resumió Ibáñez Najar la dinámica de la toma y pidió que no se tergiverse la historia ni se use para fines políticos o ideológicos.
La polémica también toca el terreno cultural. El uso de símbolos como la bandera de guerra a muerte de Simón Bolívar y la exaltación del M-19 generan polémica entre historiadores y familiares de las víctimas, que ven en estas imágenes un llamado a la violencia y no a la lucha por la libertad.
Familiares del magistrado Manuel Gaona, una de las víctimas de la operación, denunciaron la falsedad de versiones que intentan presentar relaciones de amistad con los insurgentes y han pedido judicialmente proteger la memoria de sus seres queridos.
La toma del Palacio de Justicia sigue siendo una herida abierta para Colombia. El reconocimiento público de Petro, exmiembro del M-19, pone en primer plano la necesidad de una verdad completa y respetuosa que no olvide a las víctimas ni permita que la historia se reescriba con fines políticos.
El país sigue sin resolver del todo su pasado y debe enfrentar su memoria para evitar que la justicia vuelva a ser tomada, no con armas, sino con distorsiones históricas.
