El Gobierno del presidente Gustavo Petro entregó esta semana sistemas de agua potable en 12 comunidades de media y alta Guajira, beneficiando a más de 1.800 habitantes indígenas wayuu.
El viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros Mamby, encabezó la maratón de inauguraciones en zonas que incluyen Irramashira, Loma Fresca, Maicaito y Uribia. Allí instalaron plantas de tratamiento con tecnología de ósmosis inversa que garantizan consumo seguro.
Estas obras representan una inversión superior a $3.233 millones gestionados por el Ministerio de Vivienda en alianza con Findeter. También hubo seguimiento a proyectos vigentes para asegurar su correcto funcionamiento y sostenibilidad.
Además, la directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, Mónica Garzón Rodríguez, visitó otras cuatro comunidades donde se ejecutan sistemas similares, beneficiando a 663 personas con una inversión de $1.186 millones. Entre las localidades favorecidas están Olocomana, Ishipa, Icipa y Maicao.
En total, el Gobierno ha ejecutado 93 proyectos en La Guajira para mejorar el acceso al agua, con una inversión cercana a $47.097 millones, apoyados por alianzas estratégicas con el sector público y comunitario.
Este esfuerzo es parte de una estrategia mayor que involucra más de $580 mil millones en proyectos de agua, saneamiento y soluciones habitacionales, que han beneficiado a más de 150.000 personas en el departamento.
Los proyectos incluyen 240 rehabilitaciones de infraestructura, 15 pilas públicas y 3 proyectos convencionales de agua potable, además de 4 iniciativas financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que impactarán a casi 270.000 habitantes.
También destaca la entrega de más de 13.000 soluciones habitacionales, con 1.224 mejoramientos ya entregados y 230 viviendas rurales contratadas, en áreas que históricamente han tenido déficit en acceso a servicios básicos.
El Ministerio aseguró que estas inversiones forman parte del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencial Mundial de la Vida”, y responden al compromiso de reducir brechas sociales y mejorar las condiciones de vida en territorios indígenas y rurales.
