Gustavo Petro lanzó la idea de una Asamblea Nacional Constituyente como respuesta a su baja popularidad y obstáculos políticos, pero su propuesta choca con la Constitución vigente y un rechazo creciente en varios sectores.
La Constituyente está regulada en el artículo 376 de la Carta de 1991 y señala que sólo el pueblo puede convocarla, no el presidente. Así, el mandatario no puede auto convocar este proceso porque sería juez y parte de un juego que busca cambiar las reglas con las que fue elegido.
El jurista español Eloy García, citado inicialmente por Petro para avalar su propuesta, desautorizó públicamente la interpretación que el presidente dio a su teoría:
“No se puede romper la Constitución para hacer otra fuera de la Constitución… Si se destruye el orden, no se elige un presidente, sino a un dictador.”
Expertos constitucionalistas en Colombia, como Mauricio Gaona, también alertan sobre el riesgo del intento. Gaona recordó que su padre fue víctima del M-19, grupo guerrillero del que formó parte Petro, y advierte que buscar esta Constituyente sería un acto de autogolpe y deslealtad institucional.
El proceso de una Constituyente, aun si alguien logra presentarla formalmente el 16 de marzo de 2026 con apoyo político, tardaría casi dos años y debe pasar por siete etapas rigurosas. Estas incluyen debates en el Congreso, revisión de la Corte Constitucional, referendos populares y elecciones de constituyentes, terminando con la refrendación final del pueblo.
El historial electoral también no favorece a Petro. La última consulta popular de este tipo, la de Álvaro Uribe en 2003, mostró que alcanzar los votos necesarios para aprobar un cambio de Constitución es una tarea titánica. Uribe, con alta popularidad, logró que solo una de 15 preguntas superara el umbral, la de la llamada “muerte política” para corruptos. Hoy, con un censo de 39 millones y una popularidad inferior al 30 %, lograr esa cifra parece inviable.
Petro utiliza la idea de una Constituyente como una salida a la crisis política y para mantenerse vigente después de 2026, pero su plan carece del respaldo político y ciudadano necesario y está sujeto a numerosos bloqueos legales e institucionales.
En síntesis, el intento se ve más como una coartada que una propuesta viable, mientras que la Constitución de 1991 sigue siendo el pacto que regula el país y que protege contra intentos de manipulación política.
